La Vocal del CGPJ y Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, que ha viajado a Zaragoza para reunirse con los jueces de violencia de Género de la comunidad, hizo especial hincapié en que en Aragón, el 45,96% de las solicitantes de órdenes de protección son de nacionalidad extranjera, «un dato especialmente importante si se pone en relación con la población extranjera en la comunidad». La Vocal ha señalado que de esta cifra se desprenden dos significados: que las extranjeras tienen una mayor confianza en las instituciones; y en segundo lugar que «es necesario fortalecer las medidas de ayuda social y laboral a estas mujeres» que, como recordó Montalbán, «tienen el problema añadido de carecer de redes sociales y familiares de apoyo, lo que las convierte en un colectivo especialmente vulnerable».
Sobre las medidas de protección, Montalbán también habló de la implantación de pulseras electrónicas en Aragón e informó de que a fecha 29 de octubre, «hay siete pulseras instaladas y activas en Aragón». La Presidenta del Observatorio recordó que estos dispositivos son «un medio más para asegurar que la orden de alejamiento se cumple» y se aplica en aquellos casos en los que el juez considera que son necesarias, igual que otras medidas como la prisión o la vigilancia policial, que siempre se dan «adaptadas al contexto de seguridad de cada víctima». En este sentido, la vocal del CGPJ afirmó «que las órdenes de protección funcionan.»
Según datos estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se dictaron un total de 28.000 órdenes de protección en todo el Estado, Montalbán señaló también la importancia de la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia de género, ya que en su opinión, quienes juzgan este tipo de casos han de estar familiarizados con las especiales características de estos delitos que, como recordó Montalbán, «ocurren dentro del domicilio familiar y sin terceros, ni testigos». En este mismo sentido Fernando Zubiri recordó que, desde el punto de vista procesal, «en Aragón están completamente garantizados derechos constitucionales como el dentro del derecho a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos».
Otra de las líneas de trabajo seguidas por el Observatorio del CGPJ es la puesta en marcha de las Unidades Forenses de Evaluación del Riesgo, que valoran la situación en la que se encuentran las víctimas y la repercusión que tiene en los menores, para que el juez pueda dar una respuesta adecuada a cada caso concreto. Así, se intenta que esas unidades forenses puedan dar en 72 horas un avance de su posterior informe, más detallado y completo, para que el juez pueda actuar en consecuencia.
Dichas unidades deberían estar compuestas siempre por médicos psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales, pero su composición depende de cada Comunidad Autónoma y es desigual. Por ello, el Observatorio trabaja también para hacer más homogéneo el trabajo de estas unidades en todas las Comunidades Autónomas. En el caso concreto de Aragón, como señaló el presidente del TSJA, el Instituto de Medicina Legal de Aragón tiene equipos trabajando en esta tarea, que supone un volumen importante de trabajo.
Jueces de violencia de Huesca, Teruel y Zaragoza
La Presidenta del Observatorio, el presidente del TSJ y la letrada del Observatorio, Paloma Marín, mantuvieron una reunieron con la jueza de Huesca, Maria Begoña Miguel, la jueza de Teruel, Flor Sánchez, y los jueces de Zaragoza Gemma Luengo y José Luis Martínez. En el transcurso de la reunión abordaron cuestiones referidas a la Ley de de violencia de Género y sobre su aplicación en los juzgados de Aragón.