Para la diputada del PAR en Cortes de Aragón, la sentencia pretende legitimar y amparar un expolio inaceptable, cuando sus propietarios, que son la Iglesia católica, han ordenado reiteradamente su devolución a las parroquias aragonesas.
El PAR reclama al Gobierno de Aragon que presente cuantos recursos sean precisos, y siga defendiendo lo que es de justicia: la vuelta a casa de los bienes aragoneses, cueste lo que cueste.