Sociedad

Francia, Italia y Portugal cuentan con un modelo similar al que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, distinguiendo entre la apropiación de fondos públicos y la desviación irregular de estos. La Federación Altoaragonesa del PSOE defiende que esta reforma, pese a lo que algunas formaciones pretenden hacer ver, no beneficia a procesados o condenados por corrupción política.