No todos los problemas de salud se ven. Algunas dolencias, especialmente las autoinmunes, alteran profundamente la vida de quien las padece sin que exista una apariencia externa que lo delate. Eso fue precisamente lo que ocurrió con una trabajadora que, tras años luchando contra una enfermedad degenerativa y silenciada, ha logrado que los tribunales reconozcan lo que la administración le negaba: su imposibilidad real para trabajar.
La afectada, una mujer de 49 años que ejercía como recepcionista, sufre una enfermedad autoinmune de carácter mixto que le provoca, entre otras secuelas, incontinencia fecal severa, temblores, pérdida auditiva, afección neurológica y un riesgo constante de infecciones. En un primer momento, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció únicamente la incapacidad permanente total, lo que suponía una pensión del 55 % de su base reguladora. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado esa resolución y le ha otorgado la incapacidad permanente absoluta, con derecho a una pensión del 100 % y efectos retroactivos desde diciembre de 2021.
El caso ha sido defendido por el letrado Graciano Tamame, del despacho Toro Abogados, especializado en derecho laboral y de la Seguridad Social. La estrategia del abogado fue demostrar que la gravedad de las dolencias de su clienta —en especial la incontinencia, la debilidad generalizada y la inmunodepresión— hacen inviable el desarrollo de cualquier actividad profesional con eficacia y continuidad. El tribunal ha asumido íntegramente esta argumentación, considerando que incluso una labor liviana, como la de recepcionista, resulta imposible en su estado actual.
Los informes médicos fueron clave para demostrar que la situación clínica de la trabajadora no tiene expectativas de mejora y que la mera exposición al entorno laboral podría suponer un riesgo infeccioso constante. De hecho, tal como recoge la sentencia, la paciente puede llegar a necesitar acudir al baño hasta ocho veces al día, lo que no solo impide una jornada regular, sino que también compromete su dignidad y bienestar en un entorno de trabajo.
La resolución condena al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar a la trabajadora una pensión vitalicia de 3.220,89 euros mensuales, en 14 pagas, además de los atrasos e intereses legales desde el 1 de diciembre de 2021. Se trata de una resolución importante no solo por el reconocimiento económico, sino también por la sensibilidad mostrada por el tribunal hacia un tipo de patología que a menudo pasa desapercibida o es minimizada en los procedimientos administrativos.
Aunque este caso se ha juzgado en Madrid, tiene un valor ejemplar que puede interesar también a lectores de entornos rurales como el Somontano o el Alto Aragón. Muchas personas que viven con enfermedades crónicas en zonas como la provincia de Huesca, a menudo lejos de centros médicos de referencia o con menor acceso a asesoramiento especializado, se enfrentan a procesos largos, frustrantes y, en ocasiones, injustos. Sentencias como esta demuestran que recurrir a profesionales cualificados y persistir en la vía legal puede dar frutos reales.
Desde el despacho de Toro Abogados se subraya que no se trata de un caso aislado. Las enfermedades invisibles, como las autoinmunes, neurológicas o digestivas, pueden generar una limitación funcional severa, aunque no siempre se perciban externamente. La clave está en aportar pruebas sólidas, informes médicos bien fundamentados y una defensa jurídica firme que sepa interpretar y presentar adecuadamente el caso ante los tribunales.
Graciano Tamame, el abogado que ha llevado la defensa, destaca la importancia de visibilizar este tipo de situaciones, ya que muchas personas se resignan a pensiones reducidas o ni siquiera reclaman sus derechos por desconocimiento o falta de recursos.
Este fallo del TSJM, además de suponer una reparación económica, envía un mensaje claro: ninguna dolencia debe ser infravalorada solo porque no sea evidente a simple vista. Y ningún trabajador debería verse obligado a seguir en activo cuando su salud, dignidad y bienestar están en juego.