Para Ecologistas en Acción es incuestionable el rigor de las declaraciones del ministro Garzón, en el sentido de “que la ganadería familiar y extensiva genera arraigo al territorio y es sostenible, mientras que las macrogranjas no generan empleo, contaminan y desplazan
a la ganadería tradicional que debemos proteger».
Y es un hecho irrebatible que «la Comisión Europea tiene abierto un expediente a España por exceso de contaminación del suelo y el agua procedente de las macrogranjas”.
Es responsabilidad del Ministerio de Consumo velar por la calidad de la producción de las explotaciones ganaderas y la protección del medio ambiente en que desarrollan su actividad. ¿A cuenta de que vienen entonces los ataques furibundos del presidente Lambán contra un ministro que simplemente transmite lo que son políticas acordadas por el gobierno central y el propio ejecutivo aragonés?
Javier Lambán ha optado por hacer “papel mojado” de las leyes de su propio ejecutivo y adopta una política de agresión para disimular las fallas evidentes de su estrategia empresarial de “monocultivo” para Aragón. Política que pone alfombra roja a los grandes grupos empresariales macroganaderos, que arruinan economías familiares, contaminan el territorio y se llevan a procesar la producción fuera de nuestra frontera, sin crear puestos de trabajo.
La gravedad e irresponsabilidad de unas declaraciones, como las del presidente de Aragón, exigiendo la dimisión de un ministro simplemente por cumplir su obligación como defensor de los consumidores y pequeños ganaderos, aconseja que sea el conjunto de su gobierno quien lo llame al orden o proceda a cesarlo.