Ángel Pérez es el cuarto obispo en la historia de la Diócesis para la que fue nombrado el 27 de diciembre de 2014 y consagrado el 22 de febrero de 2015. En la historia del litigio ha sido el primero que optó por la vía civil tras presentar la demanda en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barbastro, el 13 de febrero de 2018, para reclamar la devolución de 111 bienes de las parroquias aragonesas. Antes de dar este paso realizó numerosas gestiones e intentó la conciliación sin resultados prácticos.
El abogado Joaquín Guerrero defiende la causa y tiene entre sus colaboradores a Jorge Español y Alberto Gimeno, letrado del Gobierno de Aragón como parte coadyuvante. La Sentencia del 11 de diciembre de 2019 ordenó la devolución inmediata de 111 bienes de 43 parroquias aragonesas pero la entrega está paralizada por el conflicto de jurisdicción presentado por la Generalitat, con resolución pendiente del Alto Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo.
Estas son las respuestas del obispo Ángel Pérez a las preguntas planteadas:
-“En aquellas fechas, 15 de junio de 1995, estaba destinado en Roma como coordinador general de Pastoral de la Hermandad de Sacerdotes Operarios para impulsar un proyecto de preparación de formadores en las iglesias de Latinoamérica. Diez años antes estuve en Tarragona y guardo un recuerdo entrañable de sentimiento perdurable de cariño, cercanía y valoración por Aragón. Por lo que escuché unos y otros sacerdotes fue algo anhelado y luchado por el clero, hoy no sé si seríamos capaces. Más tarde, después del Concilio Provincial Tarraconense llegó el Decreto de la Congregación para los Obispos por el que se acordó que las parroquias aragonesas en el Obispado de Lérida pasaran a la Diócesis de Barbastro-Monzón. Fue una larga y tediosa peregrinación hacia la justicia. La redistribución era lógica, natural conforme a la demarcación geográfica y lo normal es que las parroquias volvieran con su patrimonio sin ningún tipo de disquisición. Hasta ahora se ha defendido lo que era justo”.
– “La justicia siempre acaba siendo es veraz y creo en ella aunque veo que esto es una carrera de fondo no exenta de grandes dificultades que exaspera en muchas ocasiones. Duele mucho que retuerzan el argumento para hacer creer lo contrario cuando somos los más damnificados y quienes hemos sufrido vejaciones por actuar con honestidad y justicia. En conciencia, he hecho lo que debía por salvaguardar los intereses de los más débiles, en este caso 43 pueblos que perdieron su patrimonio porque lo depositaron en el Museo del Obispado de Lérida para preservar los bienes. En aquellos momentos, hicieron lo que debían y después no se han visto correspondidos en la misma medida. Me da mucha paz porque ha sido siempre en Lérida donde han interpuesto las dificultades para quedarse con obras que no son propias. El problema de fondo es otro, cada uno que ponga nombres y adjetivos. Creo que debía tomar la decisión en nombre de la Diócesis y de los feligreses de las parroquias propietarias. En varias ocasiones apelé por establecer vehículos de comunicación con responsables del Consorcio para un proyecto compartido pero reclamamos, siempre, la propiedad que nunca ha estado en tela de juicio. El tema no es que te den la razón sino que se cumpla y se ejecute la Sentencia favorable a las parroquias. Lo razonable es disfrutar de los bienes en común pero no podemos consentir que no se tenga a este pueblo el mismo respeto y dignidad que merece. Creo que deberíamos buscar caminos porque la razón nos la han dado por activa y por pasiva en vías diferentes. Ya no sé qué más tenemos que demostrar”.