Un fenómeno de nuestros días es la ocupación, de viviendas y otros inmuebles, justificada por movimientos y partidos antisistema como un derecho, pero siendo en realidad un delito, pues en el caso de garantizar el derecho a la vivienda, le corresponde a los poderes públicos la solución habitacional, no procede la usurpación arbitraria de un bien particular, como es la vivienda, garantizado por el derecho a la propiedad privada(sea esta propiedad adquirida por medios lícitos o heredada según la normativa vigente) presente en nuestra constitución y resto de leyes civiles y penales, que amparan el anteriormente citado derecho a tener propiedad privada.
Desde la demagogia populista antisistema, tanto la mediática como la política, se blanquea la ocupación, equiparándola a un sucedáneo de restitución social, argumentando: que se ocupan viviendas propiedad de grandes tenedores.
Toda esta demagogia, efervesció en el momento de la irrupción del movimiento 15M, desarrollándose a posteriori en plataformas sociales, medios de comunicación y opciones políticas.
Estos argumentarios, obviaron que la posesión de la vivienda en propiedad y el fin de la precariedad habitacional fue un logro de las clases populares, se estimulo desde los poderes públicos y ha tardado en conseguirse prácticamente un siglo.
Sin quitarle gravedad a la ocupación de viviendas de grandes fondos pues la usurpación es la misma, en las clases populares es devastador conduciendo a la ruina y en algunos casos a la indigencia de verse en la calle, perdiendo el esfuerzo de toda una vida o el esfuerzo de los antepasados todo ello a beneficio del que no ha realizado ningún esfuerzo por este bien ni tiene ningún derecho sobre el. En algunos casos, dando grandes ganancias a grupos de ocupación, que posteriormente venden la propiedad fraudulentamente.
Puede parecer que esto en nuestra ciudad no nos afecta prácticamente, hemos escuchado algún caso de ocupación, generalmente en edificios con deficiente habitabilidad, sea por falta de ascensor, sea por su antigüedad. Pero en un caso reciente, escuche de primera mano la historia de unos ciudadanos de Barbastro. Personas de clase media trabajadora con un piso recientemente recibido en herencia por la muerte de sus padres-abuelos. Esta familia se entero, que su piso heredado estaba ocupado, les invadió la incertidumbre, no sabían que hacer, acudir a la policía o no hacerlo, entrar en la casa u obviar dicho acto, cambiar la cerradura etc.. acabando al final el tema en su judicialización.
Tema largo y oneroso, si comparamos la duración de un proceso en España de 18,1 meses de duración de media, a cualquier parte de Europa de 24 a 48 horas de media, en algunos casos actuando la policía de oficio. Ante esta realidad, que empieza a afectar a nuestra ciudad, reclamamos de nuestras Administraciones rapidez, diligencia y si procede, legislar Ad Hoc.
