El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley por el Derecho a la Vivienda. La primera de carácter estatal de la etapa democrática y un paso fundamental para dejar atrás las épocas de burbujas y pelotazos y, por fin, poder caminar hacia un escenario en el que la vivienda sea un derecho garantizado, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución Española.
La importancia de una ley se puede medir en base a la reacción de sus adversarios, de los que se oponen a la misma. Que la patronal inmobiliaria, la justicia más conservadora al servicio de las élites y el propio PP se hayan levantado en armas contra esta ley refleja que estamos ante una norma importante que viene para proteger los intereses de la gente corriente y que, de entrada, es una mala noticia para todos aquellos que ven con recelo que, por primera vez, el Estado trate la vivienda como un derecho en cumplimiento con el mandato constitucional.
Desde que se aprobó el anteproyecto de ley, las reacciones han sido variadas. Casado ya anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional y que las comunidades gobernadas por el PP no la aplicarían. Un Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace más de tres años emitió un informe favorable y, seguidamente, otro desfavorable con el que parece que está haciendo oposición al Gobierno y hacen dudar de su imparcialidad. Lo que no veíamos venir era la reacción del consejero de Vertebración del Territorio y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luís Soro, tratando de desmerecer la ley, intentado poner palos en las ruedas, tirando del argumentario de la derecha y agarrándose al informe elaborado por los jueces conservadores del Consejo General del Poder Judicial que manifiesta que la nueva ley invade competencias autonómicas, a pesar de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo haya negado rotundamente.
Llevamos muchos años a vueltas con las competencias en materia de vivienda. Cuando en 2013 la Junta de Andalucía aprobó una ley para regular la posibilidad de expropiar de forma temporal el uso de las viviendas desocupadas que tenían los bancos para ponerlas a disposición de la gente que había sido desahuciada, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional porque traspasaba las competencias autonómicas. En el año 2020, cuando Cataluña reguló mediante una norma los precios de los alquileres, las derechas se echaron las manos a la cabeza y pidieron su inconstitucionalidad por invadir las competencias del Estado. Pero cuando el que regula es el Estado nos dicen que invade las competencias autonómicas. ¿En qué quedamos? Da la sensación de que el problema no son las competencias sino el fondo de la cuestión. Es decir, que algunos no quieren que haya leyes que protejan el derecho a la vivienda. Por eso se agarran a las competencias y las retuercen hasta llevarlas a una posición que justifique el bloqueo de la ley.
Las declaraciones del consejero Soro decepcionan e indignan a partes iguales. Me decepcionan porque, para una persona de izquierdas, no puede ser un problema que se apruebe una ley para garantizar el derecho a la vivienda. Todos sabíamos que la derecha iba a poner todas las trabas del mundo, pero que lo hagan consejeros progresistas reconociendo no haber leído la ley no lo veía venir. Esta ley regula los precios del alquiler, prohíbe la venta de vivienda pública y protege a las familias vulnerables que se enfrentan a desahucios. Me indignan estas declaraciones porque, mientras la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hace muchos esfuerzos por empujar políticas que protejan el derecho a la vivienda, el consejero de Vivienda aragonés se queda en la protesta. Es urgente que nuestro país apruebe normas para dejar atrás la época del pelotazo y avanzar en materia de derecho a la vivienda. Y es que, cuando la vivienda es una cuestión vital para muchas familias no hay peros que poner.
En vez de poner palos en las ruedas, el consejero Soro bien podría ejercer sus competencias para que el derecho a la vivienda sea una garantía en Aragón, como están haciendo otras comunidades. Puede regular los derechos de tanteo y retracto para que la administración aragonesa tenga preferencia ante las operaciones de compra-venta de vivienda que realizan bancos y fondos buitre y, así, ampliar el parque público de vivienda de Aragón. Esto es lo que está haciendo la Comunidad Valenciana con Podemos al frente de las responsabilidades en materia de vivienda en el Gobierno autonómico. En lo que va de legislatura, la Generalitat Valenciana ya ha comprado alrededor de 450 viviendas mediante este mecanismo, porque muchas de ellas formaban parte de deleznables operaciones especulativas y gracias a los derechos de tanteo y retracto, han acabado en manos de la Administración valenciana a muy bajo coste, alguna por 1 euro. Estas viviendas iban a acabar en manos de multinacionales con muy pocos escrúpulos y ahora van a estar a disposición de los valencianos y valencianas. ¿Por qué el consejero Soro no desarrolla esta misma herramienta en Aragón?
También podría mirar al Gobierno de las Islas Baleares que, amparado por la ley, ya ha expropiado de forma temporal numerosas viviendas vacías propiedad de grandes corporaciones para incorporarlas al parque público durante siete años y destinarlas a alquiler social. Proteger a los más vulnerables frente a las élites es esto. Otra cuestión pendiente en Aragón es la ampliación del parque público de vivienda para garantizar alternativas habitacionales a familias que se enfrentan a desahucios. También lo es la captación y gestión pública de viviendas en el medio rural para que la juventud pueda emanciparse e iniciar un proyecto vital en sus pueblos y sin la necesidad de emigrar. El departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón también podría empezar a estudiar cómo aterrizar la normativa estatal en nuestra tierra para intentar regular los precios de los alquileres que ya se disparan en las capitales de provincia y en algunas cabeceras de comarca. Precisamente este fin de semana aseguraba Soro que estudiará estas zonas tensionadas, “si es que las hay”, apuntillaba, lo que ya huele mal, pues no anticipa mucha voluntad por su parte.
El consejero Soro debería mirar a los territorios vecinos y no quedarse en la protesta partidista estéril, como hace la derecha. Vivimos tiempos demasiado convulsos como para generar decepciones, por eso Soro debería subirse las mangas de la camisa y ponerse manos a la obra, como ya está haciendo el Gobierno de España, la Ganeralitat Valenciana o el Gobierno de las Islas Baleares, más si cabe cuando justifica sus quejas en que las competencias son autonómicas.
