Habilitar métodos de trabajo a través de las nuevas tecnologías para evitar el desplazamiento físico a los empleados públicos con necesidades especiales. Este el objetivo del programa piloto de teletrabajo que va a impulsar este año el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública.
El director general de Función Pública, Ignacio Murillo, ha destacado que se trata de “un paso más en nuestra voluntad por modernizar y seguir mejorando el funcionamiento de la Administración. Es una buena iniciativa que facilita el acceso a la función pública y la conciliación a determinados colectivos con necesidades especiales”.
El teletrabajo consiste en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para independizar al empleado del lugar físico en el que desarrolla su trabajo. Constituye así una forma de organización que permite establecer modalidades de prestación de servicios diferentes a la presencial y con ello favorecer la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral
El Gobierno de Aragón está preparando la implantación de un programa piloto de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma, como una de las medidas incluidas en el Plan de Igualdad y Conciliación que el Departamento de Hacienda y Administración Pública tiene previsto aprobar durante el año 2014. Todo ello enmarcado en la nueva Ley de Función Pública, cuyo proyecto acaba de ser aprobado en Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes para su validación parlamentaria.
Una medida que se ha planteado como consecuencia de los resultados obtenidos por la encuesta de clima organizacional realizada durante el año 2013 y se ha incorporado, así mismo, en el Plan Anual de la Inspección de Servicios para el año 2014. “Pretendemos avanzar en la mejora de la Administración, y para ello contamos con la participación de los empleados públicos. Hemos tomado nota de esta cuestión y la vamos a desarrollar con la colaboración y el consenso de los propios trabajadores, porque es una iniciativa que puede resultar muy beneficiosa para la conciliación laboral de determinadas personas, para el desempeño de algunas funciones y para la mejora de los servicios que recibe el ciudadano”, ha explicado Ignacio Murillo.
Este proyecto se articula como una forma de potenciar la conciliación de la vida personal laboral y familiar de los empleados públicos, y en principio estará especialmente dirigido a personas con discapacidad de especial relevancia. También se plantea como una alternativa para empleados públicos con responsabilidades familiares de carácter específico (cuidado de personas mayores que precisen cuidados continuadas, hijos en edad infantil…), víctimas de violencia de género o para casos en los que concurran necesidades especiales de desplazamiento.
Del mismo modo, se aplicará en puestos de trabajo determinados, que por sus características permitan ser desempeñados de manera no presencia, siempre manteniendo intacto el resultado del trabajo y la calidad del servicio. Así, se puede aplicar en puestos dedicados al estudio y análisis de proyectos, elaboración de informes, asesoría, redacción, corrección y tratamiento de documentos, inspección, gestión de sistemas de información y comunicaciones y análisis, diseño y programación de sistemas de información y comunicaciones, etc.
De los resultados de este programa piloto podrá derivarse una implantación más generalizada de esta modalidad de organización del trabajo, a través de la aprobación de la correspondiente norma reglamentaria. El programa piloto, que será consensuado con las organizaciones sindicales más representativas y tendrá carácter voluntario para los empleados públicos interesados, se iniciará durante el segundo semestre del año 2014.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón se suma a otras Comunidades Autónomas españolas que desarrollan proyectos de teletrabajo para sus empleados públicos, como Baleares, País Vasco, Galicia, Extremadura o La Rioja. Una tendencia para modernizar la organización laboral que tiene su origen en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo firmado en 2002 por la Comisión Europea, con los interlocutores sociales del ámbito europeo más relevantes.
Este Acuerdo vertebra el teletrabajo en torno a una serie de principios básicos, entre los que cabe destacar: su consideración como forma de organizar o realizar un trabajo, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, y la igualdad de derechos legales y convencionales de los empleados con el resto de trabajadores.