El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) está revisando de oficio el informe medioambiental del polémico proyecto de construcción de una planta incineradora de biomasa en Monzón después de que en agosto, este mismo organismo del Gobierno de Aragón le otorgara su visto bueno al concederle la Autorización Ambiental Integrada.
Este cambio de parecer se debe a que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad pidió una revisión del cuestionado informe que concedía la declaración de impacto medioambiental positiva a esta industria que se ubicará a unos 600 metros del casco urbano. Desde Desarrollo Rural y Sostenibilidad presentaron ante el INAGA un informe recibido el pasado mes de diciembre del área de cambio climático del propio Ejecutivo.
A este informe, se añaden las consideraciones que ha presentado el actual equipo de Gobierno municipal, ya que se trata de un proyecto heredado por la anterior Corporación PP – PAR. Como explica el alcalde socialista, Álvaro Burrell, se optó por realizar unas consideraciones ya que no se encontraron argumentos para formular alegaciones. Del mismo modo, en dichas consideraciones se incluía también las alegaciones que Ecologistas en Acción no pudo presentar al encontrarse fuera de plazo. En estas consideraciones, el Ayuntamiento pedía que se tenga en cuenta la posible contaminación medioambiental y la cercanía al casco urbano, entre otras cuestiones.
El cambio de parecer del INAGA que ha coincidido con el cambio de gobierno tanto en Aragón como en el Ayuntamiento montisonense ha despertado suspicacias sobre todo entre la plataforma ciudadana en contra de la instalación de esta incineradora de biomasa. Su portavoz y responsable de Ecologistas en Acción, Alex Serrano, considera que si el INAGA ha iniciado una revisión de oficio «es el expediente se hizo mal y no se puede poner una planta como esta a 600 metros ni a 1.400 metros». Ecologistas en Acción va a presentar un recurso para pedir la nulidad del expediente por defectos del procedimiento, sobre todo por cuestiones urbanísticas relacionadas con su emplazamiento.
Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, del que depende el INAGA, aseguran que la revisión de oficio se ha realizado tras recibir una información adicional, en alusiones a los citados informe del Ayuntamiento y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. «Se recibió mas información de la que se tenía y se está estudiando». A este respecto, la directora del INAGA señala que no hay novedades con respecto a la revisión del expediente, puesto que todavía no se han presentado las conclusiones.
El alcalde de Monzón considera que esta nueva revisión tiene como fin esclarecer un asunto que ha creado una polémica y conmoción social en Monzón. «Al no poder entrar a estudiar las alegaciones de Ecologistas por estar fuera de plazo, y dada la alarma social que este colectivo ha generado, el INAGA quiere dejar el tema aclarado en lo que respecta al medio ambiente, y que nadie se quede con la duda de que hubiese pasado si las alegaciones se hubiesen formulado en tiempo. Esta revisión de oficio no implica necesariamente que haya errores previos, más bien me parece que pretende dejar el tema claro. Se ha dicho que esta revisión de oficio obedece a que en Las Palmas se ha denegado un proyecto similar , cuando la realidad es que en Las Palmas se ha denegado porque simplemente no cumplía con la normativa», señala Burrell.
Una de las posibilidades que se ha planteado, sugerida por Ecologistas en Acción, es la de paralizar este proyecto y compensar económicamente a la empresa. Una propuesta descartada por el alcalde. «La postura como equipo de gobierno e institucional es clara, la Autorización Ambiental Integrada es competencia de la DGA, que es quien la otorga y quien la puede revisar en su momento. El Ayuntamiento no puede hacer demagogia y prometer frenar un proyecto que no está en su competencia, lo cual podría tener repercusiones económicas gravísimas para las arcas municipales si la empresa se considerara perjudicada económicamente. El Ayuntamiento sí puede comprometerse al máximo control y vigilancia de las normativas vigentes para preservar la salud y bienestar de los montisonenses».
Otra voz que se ha sumado a este debate es la del director general de Ordenación del Territorio de el montisonense Joaquín Palacín (CHA) que la pasada semana se reunió con representantes del movimiento vecinal del barrio El Tozal contrario a la instalación de esta planta de biomasa. La incineradora se ubicaría en una partida conocida como Cruz de Estadilla a unos metros de este enclave, que está poblado de pancartas contrarias a su instalación. Los vecinos temen las posibles consecuencias futuras como la destrucción de empleo agrícola tradicional (que se reconvertirían en cultivadores de biomasa), el aumento del tráfico de camiones pesados o las consecuencias por el ruido que se produzca de manera continua.
Joaquín Palacín ha señalado que es un tema que preocupa desde el punto de vista de la Ordenación del Territorio porque una actividad de este tipo tiene consecuencias socioeconómicas y medioambientales que merece la pena revisar con mucha atención aunque, desde la propia Dirección General no se puede actuar en este momento de la tramitación del expediente.
Silencio de la empresa
En todo este debate público la empresa aragonesa Solmasol I, del grupo Forestalia, de momento opta por el silencio. Sus representantes mantenían esta semana una reunión con el alcalde, cuyo contenido no ha trascendido, para hablar sobre el proyecto. Fuentes de la empresa consultadas por HERALDO aseguraban que tienen intención de manifestarse dentro de unas semanas, pero querían disipar todas las dudas que encierran este proyecto.
«Forestalia está comprometida con el respeto y el cuidado del medio ambiente que es uno de los valores de la firma. Eso está fuera de toda la duda, vamos a cumplir con todas las exigencias de sobra. Si legalmente se nos exige 100 vamos a poner 110», explicaba un portavoz de la empresa.
Respaldo empresarial
A las voces favorables de los partidos que trajeron este proyecto en el anterior mandato, PP y PAR, hay que unir la de los empresarios mediocinqueños. Desde CEOS CEPYME reiteran su «bienvenida» a cualquier empresa «que cumpla con la legalidad. Nuestro criterio es muy claro y sencillo, si cumple las normativas en seguridad, medioambiente, cumplimientos técnicos del INAGA y de todos los departamentos de Aragón, nosotros estamos a favor. Todo lo que sea la instalación de una empresa que cumpla con la legislación estamos a favor», afirmaba el presidente de CEOS CEPYME, Ignacio Baso.
Por lo que respecta a la creación de puestos de trabajo, las cifras que tiene CEOS CEPYME son de más de un centenar empleos directos, y otros tantos indirectos procedentes de explotaciones agrícolas.