El presidente intercomarcal del Partido Aragonés (PAR) en el Alto Aragón, Joaquín Serrano, ha anunciado que «el PAR iniciará acciones para esclarecer el alcance y lograr que se corrija por completo los errores del real decreto ‘por el que se establecen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire’, publicado en el Boe. del pasado viernes, día 19, y con una corrección del errores solamente parcial, del sábado, día 20″.
Por una parte, según explica Serrano, «con base en una normativa de 1960 desarrollada en 1972, se determina una zona de servidumbres que incluye un amplio espacio del Alto Aragón, con una docena de municipios y localidades afectadas, en la que por ejemplo, como indica en el decreto ‘no podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad’, al tiempo que ‘a estas servidumbres les son aplicables las disposiciones sobre expropiación forzosa, en particular, las relativas a la condición de beneficiarios’. Vamos a recabar la información precisa sobre algunos aspectos que, a primera vista, podrían suponer que se condicione la implantación de industrias o incluso medidas concretas de conservación de la fauna. Esta cuestión es la más importante porque ‘se podrá exigir que se eviten los fenómenos perturbadores mediante los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de dichas instalaciones si no se consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz’. Con esta rotundidad se dispone».
Por otra parte, el real decreto citaba inicialmente, en el BOE del día 19, ‘los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeroport de Lleida-Alguaire, todos ellos ubicados en la provincia de Lleida’ y entre ellos textualmente a las localidades y municipios aragoneses de [en orden alfabético] Albelda, Alcampell, Algayón, Altorricón, Binéfar, Castillonroy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteban de Litera, Litera y Valcarca. Al día siguiente, el BOE publicaba una corrección de errores, eliminando la expresión ‘todos ellos ubicados en la provincia de Lleida’.
Sin embargo, como indica el presidente intercomarcal del PAR altoaragonés, «no se corregía otros apartados que son importantes y siguen el mismo criterio geográfico que ha llevado a que estas servidumbres se fijen ‘a propuesta del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña’, sin participación de Aragón, según se deduce del texto publicado en el BOE. De esta manera, aparentemente será la Subdelegación del Gobierno en Lérida, sin que se cite en absoluto a la de Huesca, quien comunique a los municipios sus zonas implicadas pero, además, lo que parece mucho más grave, será la Generalitat y no el Gobierno de Aragón quien controle los PGOU de esos municipios, cabe deducir que incluidos los aragoneses, para evitar que se tome decisiones urbanísticas que provoquen posibles problemas al aeropuerto leridano».
Así, literalmente, el real decreto en la parte aún sin corregir, detalla que ‘los proyectos de planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o los de su revisión o modificación, que afecten a los espacios sujetos a las servidumbres aeronáuticas establecidas en las instalaciones aeronáuticas civiles, deberán ser informados por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento. Dicho informe se emitirá previo informe preceptivo del órgano competente en materia de aeropuertos de la Generalitat de Cataluña sobre la compatibilidad del proyecto con las servidumbres aeronáuticas establecidas a propuesta de dicho órgano. La solicitud de informe se presentará al órgano competente en materia de aeródromos de la Generalitat de Cataluña, que, junto con el informe preceptivo de dicho órgano, la remitirá a la Dirección General de Aviación Civil’.
Para Serrano, «es evidente que se trata de una equivocación que debe ser subsanada de raíz, aunque el error resulta doloroso y merece reacción por la ignorancia que trasluce en todo el proceso de preparación de real decreto. Más aún cuando a nadie se le oculta que el aeropuerto de Lérida ha competido con el Huesca-Pirineos, que sigue pendiente de recibir un verdadero impulso para aprovechar el potencial de esa infraestructura. Sin embargo, aún es más preocupante el efecto de esas servidumbres en otros ámbitos por las restricciones que podrían significar y que es necesario conocer. Con todo ello, hemos decidido iniciar acciones ante este real decreto a través de la representación política e institucional del partido, así como hacer públicas estas circunstancias para que ayuntamientos, comarcas y entidades adopten sus propias decisiones».