El grupo municipal del PP denunció ayer que el alcalde de Barbastro pagó «ilegalmente» la cantidad de 6.602,75 euros a un funcionario que solicitó el aumento de su categoría profesional, a pesar de que ese tipo de ascensos en las administraciones públicas estaban prohibidos por una sentencia del Tribunal Supremo.
Dicho funcionario percibió esa cantidad a lo largo de los años 2005 a 2010 tras haberle concedido el alcalde Antonio Cosculluela el incremento de categoría por haber desempeñado durante varios años tareas superiores a las de su cargo.
Este tipo de prácticas fueron declaradas ilegales por una sentencia del Tribunal Supremo en enero de 2003 y tras la publicación en el BOE quedaron prohibidas. Sin embargo el citado funcionario solicitó el aumento de su plaza en 2004 y el alcalde se la concedió «sin solicitar informes jurídicos ni al secretario ni a nadie en el Ayuntamiento», como denunció ayer el portavoz del PP, Ángel Solana.
El PP ha conocido estos hechos al denegarle un ascenso similar a otro funcionario municipal en 2012, que basándose en lo ocurrido en 2004 con un compañero solicitaba el aumento de cargo y sueldo. En este caso, el alcalde sí que pidió informes jurídicos a un gabinete de abogados de Zaragoza que en su informe señalan que se debe denegar este último acceso al ser ilegal según la sentencia del Tribunal Supremo de 2003.
Para el PP, «sorprende ver como en el Ayuntamiento de Barbastro hay funcionarios de primera y de segunda. Lo curioso es que cuando un ciudadano lo solicite se le deniegue y encima se dice que cuando se concedió el ascenso era ilegal. Nos llama la atención ese criterio diferente del alcalde con un funcionario u otro».
Ante estos hechos, el PP ha puesto en manos de sus asesores jurídicos este asunto y podrían solicitar al alcalde que devuelva a las arcas municipales los 6.602,75 euros «porque el Ayuntamiento no puede ser el pagano de las decisiones del alcalde».
En otro orden de cosas, el portavoz popular también se refirió al caso de las contribuciones especiales y a las últimas sentencias que dan la razón a los intereses municipales. Solana pidió al alcalde que lleve este caso ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para determinar cómo se debe proceder al cobro de las contribuciones especiales ya que los tribunales han dado por separado la razón a los ciudadanos y al Ayuntamiento «y se ha producido una injusticia puesto que hay vecinos de la Avenida de la Estación que no van a pagar la obra y otros sí».
También reiteró su queja al alcalde de «ocultar información» puesto que la última sentencia que falla a favor del Ayuntamiento la han conocido a través de la prensa.