AVISO LEGAL: La autora de este artículo, jurista, conoce sus derechos (y obligaciones) y ejerce su libertad de información al amparo del artículo 20.1 d, de la Constitución Española, que reconoce el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Me gustaría recordar, en primer lugar, que la planta de Barbastro fue reconocida en 2024 como inversión de interés autonómico a los efectos previstos en el Decreto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de Aragón. ORDEN DE RECONOCIMIENTO : https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1348290990707
Lo que implica que la declaración como inversión de Interés Autonómico concedió al proyecto de las seis plantas de Ence Biogás una tramitación preferente y urgente.
Esto supone que los plazos ordinarios de los procedimientos administrativos previstos en la normativa aragonesa se reducen a la mitad, con las particularidades establecidas en materia urbanística y ambiental.
La reducción no afecta a los plazos para presentar solicitudes ni recursos. Tampoco significa que las plantas estén aprobadas definitivamente, ni exime a la empresa de obtener todas las autorizaciones y cumplir los requisitos legales exigidos.
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Ahora vamos con la charla y entrevista a Fernando Valladares:
«¿Se puede hacer negocio con todo? ¿También con la vida de las personas?»
Fernando Valladares dejó estas dos preguntas sobre la mesa tras su intervención en Barbastro. No eran una frase aislada ni un recurso para cerrar una conferencia. Eran la consecuencia de todo lo que acababa de exponer sobre salud, contaminación, economía, especulación, subvenciones, responsabilidad empresarial y futuro del territorio.
Valladares es doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del grupo de Ecología y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Participó en la jornada organizada por Stop Biogás Somontano y, posteriormente, concedió una entrevista a Ronda Somontano.
Durante la ponencia explicó los riesgos que pueden acompañar a las grandes plantas de biogás. No habló únicamente de olores o molestias. Habló del aire, del agua, de los suelos, de la salud, del valor de las viviendas, del empleo, de la economía local, del uso del dinero público y de las responsabilidades que pueden quedar sin dueño cuando termine la vida útil de las instalaciones.
Cinco grupos de problemas graves
«Hay básicamente cinco grupos de problemas graves. El primero es la salud humana».
Valladares comenzó por los efectos que pueden recaer directamente sobre la población.
«Aire. Problemas respiratorios. Agua. Ahí empieza el asunto».
La salud, según explicó, no puede limitarse únicamente a la aparición de una enfermedad concreta. También depende de la calidad del aire que se respira, del agua que se consume, del suelo y del estado de los ecosistemas.
«Estamos ante un problema de salud, salud en un sentido muy holístico. No solo la salud directa, sino también la salud a través del estado de los ecosistemas, del aire y del agua, que acaba implicando una buena o una mala salud de las personas».
Uno de los riesgos señalados fue la posible infiltración de sustancias procedentes de los residuos tratados.
«Agua. Infiltración. Los mismos problemas que tiene una granja con los purines los tiene una planta de biogás. ¿Qué hacemos con ese residuo?».
La producción de biogás no hace desaparecer los materiales que entran en la instalación. Una parte de la materia orgánica se transforma, pero queda un residuo que tiene que seguir siendo gestionado.
«Las bacterias solo se han comido una parte, la parte de carbono, la parte orgánica, pero han dejado mucho nitrógeno, por ejemplo».
«Queda un sustrato que no se puede usar así como así para casi nada. Hay que seguir metiendo dinero, hay que seguir haciendo procesos para que eso se pueda llegar a utilizar».
El residuo resultante, conocido como digestato, debe almacenarse, transportarse, tratarse o extenderse sobre terrenos. El problema no desaparece. Cambia de forma.
Liberaciones nocturnas y vigilancia ciudadana
Valladares relató durante la charla el caso de una planta en la que los vecinos comenzaron a vigilar determinadas prácticas.
«Había gente que se molestaba con aquello y las plataformas ciudadanas empezaron a monitorizarlo. Entonces la planta empezaba a liberar de noche».
La vigilancia se mantuvo también durante esas horas.
«Claro, la gente también puede monitorizar de noche. Entonces lo hicieron unas noches sí y tres no, jugando al despiste».
Su explicación mostraba una realidad alejada de los proyectos redactados sobre el papel. Lo que se autoriza, lo que se promete y lo que finalmente ocurre durante el funcionamiento diario de una instalación no tienen por qué coincidir siempre.
Qué queda en los suelos después de 15 o 20 años
El investigador señaló también los posibles efectos sobre los terrenos ocupados por las plantas, sobre los espacios adyacentes y sobre las parcelas utilizadas para acumular o aplicar los materiales resultantes.
«Por supuesto, están los suelos adyacentes y los suelos donde se acumulan las cosas temporalmente».
La palabra temporal puede esconder periodos muy prolongados.
La pregunta no se limita al funcionamiento presente de una planta. Obliga a mirar lo que puede quedar cuando la actividad termine, la empresa abandone el proyecto o la instalación deje de resultar rentable.
Dolores de cabeza, náuseas y pérdida de calidad de vida
Valladares incorporó también las consecuencias físicas y psicológicas que se están documentando en poblaciones próximas a determinadas instalaciones.
«La calidad de vida y el bienestar. Las cargas psicológicas y físicas».
Durante la ponencia se refirió al trabajo realizado por un alcalde para registrar los días en los que algunos vecinos no pueden acudir a trabajar debido a su estado.
«El alcalde se está tomando el trabajo de documentar los días que no van a trabajar sus vecinos porque están mal, con dolor de cabeza, con náuseas o porque no pueden comer».
Las temperaturas elevadas pueden agravar las molestias.
«En verano se suma el calor al malestar que genera esta persistencia».
La salud y la economía no son compartimentos separados. Cuando una persona no puede trabajar, descansar, comer o permanecer con normalidad en su propia casa, el impacto también es económico.
«Si te preocupaba la economía, incluso hay una derivada de nuestra salud directa en la economía».
La vivienda como ahorro y proyecto de vida
La economía local no puede medirse únicamente por las inversiones anunciadas por una empresa o por los puestos de trabajo prometidos. También incluye el valor de las viviendas, el turismo, las actividades al aire libre, el paisaje y la posibilidad de seguir viviendo en el lugar elegido.
Valladares puso como ejemplo el caso de Llutxent, en Valencia.
«El valor de la vivienda. Llutxent, Valencia. Una depreciación hasta la décima parte».
«Una casa que podía valer 200.000 euros pasa a valer 20.000 o 30.000 euros».
La pérdida no es solo patrimonial. Una vivienda suele representar muchos años de trabajo, el ahorro familiar y la seguridad económica para el futuro.
«No la quiere nadie. ¿Quién se va a querer ir a una casa allí?».
«A lo mejor es toda tu inversión y, para muchos, es su plan de vida».
El problema aparece cuando una persona ya no puede soportar las condiciones de vida, pero tampoco puede vender su casa por un precio que le permita empezar de nuevo.
«Te vas de allí porque no lo puedes soportar, pero ¿a quién se la vendes? ¿Cuánto vale tu casa?».
El valor económico del paisaje
Valladares introdujo otra pregunta que habitualmente no aparece en los balances de una gran instalación.
«¿Y el valor del paisaje?».
El paisaje no es un decorado. En territorios rurales sostiene actividades económicas, culturales y sociales. Alojamientos, restauración, senderismo, turismo de naturaleza, agricultura y actividades deportivas dependen de la calidad del entorno.
«Para todos los senderistas y para todas esas actividades al aire libre está la amenaza para el ecoturismo».
En el Somontano, el paisaje forma parte de la economía real. Su transformación puede afectar a quienes ya trabajan en el territorio, aunque esas pérdidas no se incorporen a las cifras de inversión con las que se presenta un nuevo proyecto.
El empleo prometido
Otro de los argumentos utilizados para defender las grandes instalaciones es la creación de puestos de trabajo.
Valladares cuestionó el volumen y la calidad de ese empleo.
«Lo que los estudios demuestran es que el empleo asociado a las plantas de biogás es precario y escaso».
La automatización reduce la necesidad de personal una vez construida la planta.
«Una planta de biogás da muy poco trabajo porque todo está automatizado».
También señaló una desigualdad de género.
«Prácticamente no hay trabajo para mujeres».
«El trabajo es mayoritariamente de hombres, con lo cual acentúa la brecha de género».
La pregunta no es solo cuántos empleos se anuncian antes de construir la instalación. También importa cuántos permanecen, durante cuánto tiempo, en qué condiciones y si compensan los impactos asumidos por la población.
«El fraude de ley es coger una ley para violar otra»
Valladares dedicó una parte de su intervención a explicar cómo pueden utilizarse los procedimientos jurídicos para hacer posible aquello que una norma pretendía limitar.
«Esto es algo que tenemos que aprender».
Su definición fue directa.
«El fraude de ley es coger una ley para violar otra».
«Es darle una vuelta jurídica para que lo que dice blanco se acabe convirtiendo en negro».
Valladares señaló la enorme capacidad jurídica de determinadas estructuras empresariales.
«Las leyes están hechas para proteger, sí, pero algunas entidades tienen unos gabinetes jurídicos profesionales grandísimos, capaces de encontrar todas las vueltas al sistema para que lo que no se podía hacer se pueda».
Durante la charla citó al economista Joseph Stiglitz.
«Un premio Nobel de Economía, Stiglitz, dijo muy claramente que en las facultades y en las universidades de ciencias empresariales se enseña a violar la legislación social y ambiental porque se considera que son obstáculos para el negocio».
Valladares quiso subrayar que esta crítica no procedía de los movimientos sociales que habitualmente son desacreditados.
«Dicho por un premio Nobel de Economía. No por un perroflauta, por un anarquista o por un bolchevique. Por un premio Nobel de Economía».
Estas declaraciones no significan que los proyectos concretos planteados en Barbastro o Azlor hayan sido declarados en fraude de ley. Esa conclusión necesitaría una resolución administrativa o judicial. Lo que Valladares expuso fue el riesgo general de utilizar los procedimientos, las divisiones empresariales o la fragmentación de proyectos para sortear los límites que pretende imponer la legislación ambiental.
Proyectos separados que terminan afectando a todo el paisaje
La falta de una evaluación conjunta fue otra de las cuestiones fundamentales de su intervención.
«La falta de coordinación de los proyectos viola cualquier principio básico de legislación ambiental».
La aprobación individual de distintas iniciativas puede impedir que se contemple el efecto acumulado sobre un mismo territorio.
«Al final, proyectito a proyectito, los vas aprobando, pero después tienes un paisaje entero impactado por la colección de todos los proyectos».
Cada expediente puede analizar una instalación determinada, pero la población termina conviviendo con el conjunto. Tráfico, carreteras, consumo de agua, olores, residuos, líneas eléctricas, impacto visual y pérdida de biodiversidad no se experimentan por separado.
Valladares resumió el problema en tres elementos.
«El problema está en la ubicación, en el tamaño y en la descoordinación».
Las preguntas que deberían responderse antes de autorizar una planta
El investigador formuló una serie de preguntas dirigidas a las empresas y a las administraciones.
«No espero que nadie me responda, pero fijaos qué divertidas son».
«¿Quién asume los riesgos?».
«¿Qué beneficios obtiene la ciudadanía afectada?».
«¿Quién paga los sobrecostes de seguridad?».
«¿Quién se hace cargo de las externalidades?».
Las externalidades son los costes y perjuicios que provoca una actividad económica, pero que no aparecen en las cuentas de quien obtiene el beneficio. Pueden recaer sobre la ciudadanía en forma de carreteras deterioradas, contaminación, pérdida de valor de las viviendas, problemas de salud o restauración futura del terreno.
Valladares continuó.
«¿Quién repara y mantiene las carreteras, los ríos y todo lo que resulte dañado o contaminado?».
«¿Quién se hace cargo de la infraestructura cuando quede desafectada?».
La pregunta mira hacia el momento en que la actividad termine. La empresa puede cambiar de nombre, vender el proyecto, desaparecer o abandonar una instalación que deja de ser rentable. La infraestructura, sin embargo, permanece en el territorio.
«Cuando se acaben las subvenciones, tú te comes la instalación»
La viabilidad económica de estos proyectos fue otro de los asuntos expuestos por Valladares.
«Son insostenibles en lo económico. Cuando se acaben las subvenciones, cuando se acabe la oportunidad de este modelo, tú te comes la instalación».
Según explicó, detrás de una planta pueden existir distintas empresas con grados de responsabilidad muy diferentes.
«La compañía promotora, normalmente, es una empresa que muchas veces no tiene experiencia en el sector y que está subcontratada por una gran empresa que sí puede tener experiencia y reputación».
La gran compañía no siempre aparece de forma directa ante la población.
«La gran empresa no da la cara».
«El promotor suele ser una empresa más pequeña que inmediatamente se querrá quitar de en medio».
Según el modelo descrito durante la ponencia, esa sociedad puede vender posteriormente el proyecto.
«A los dos o tres años venderá ese presunto negocio por lo que pueda, habiendo ganado algo».
La vida económica de la operación puede ser breve en comparación con las consecuencias que una infraestructura deja sobre el territorio.
«Al cabo de unos años, de cinco o diez años, muchas de estas cosas están planeadas a diez años».
Dinero público en un negocio que se presenta como privado
Valladares explicó que en estos proyectos pueden intervenir bancos, subvenciones y diferentes mecanismos de financiación.
«Me contaron incluso el mecanismo financiero, los bancos y la fórmula que tienen para prestar el dinero».
«Pensad que aquí hay un cóctel en el que se mete nuestro dinero también».
La participación del dinero público da a la ciudadanía el derecho a preguntar cómo funciona realmente el negocio.
«Cuando viene una persona muy prepotente del sector privado a decirte que esto es confidencial y que no te puede explicar el modelo de negocio, dices “pero si aquí se usa nuestro dinero”».
«Una parte importante de estas plantas y de todos los efectos que estas plantas tienen la estamos poniendo nosotros».
La exigencia de información no es una intromisión en un negocio puramente privado cuando una parte de los recursos, de los riesgos y de las consecuencias se sostienen colectivamente.
Un espejismo verde
Después de exponer los riesgos para la salud y la economía, Valladares cuestionó la imagen completamente limpia con la que se presenta el biogás industrial.
«Estamos ante una especie de espejismo verde con esto del biogás industrial».
El proceso aprovecha una parte de los residuos para generar gas, pero no elimina todo lo que contienen.
«Las bacterias solo se han comido una parte, la parte de carbono, la parte orgánica, pero han dejado mucho nitrógeno, por ejemplo».
«Queda un sustrato que no se puede usar así como así para casi nada».
Para poder reutilizarlo son necesarios más tratamientos y más inversión.
«Hay que seguir metiendo dinero y seguir aplicando procesos para que eso se pueda llegar a usar».
El biogás puede resolver una parte del problema, pero no convierte automáticamente en inocuos todos los materiales que entran en la planta ni garantiza que el resultado final pueda aplicarse sin riesgos.
Fugas de gas y cambio climático
Las plantas se presentan también como una respuesta frente al cambio climático.
«Las plantas de biogás, en teoría, vienen a resolver un problema de cambio climático porque utilizan un biogás generado en un momento».
Valladares introdujo inmediatamente el problema de las fugas.
«Como tienen fugas y no son perfectas, y cuanto más grandes son, más fugas tienen, al final pueden acabar siendo más un problema que una solución».
El tamaño vuelve a ser decisivo. Una macroplanta necesita recibir más residuos, multiplica el transporte y aumenta la complejidad de todos los procesos.
«Las plantas se hacen grandes, ya sabemos para qué, y esto es lo que genera el problema».
Compuestos que permanecen durante siglos
El científico se refirió también a los contaminantes persistentes que pueden llegar en los materiales tratados y permanecer posteriormente en los digestatos.
«Muchos de estos restos tienen lo que se llaman compuestos químicos eternos».
«Su ciclo de vida supera tanto a la vida humana, incluso en tres siglos, que se les llama contaminantes eternos».
«Muchos de ellos van en esos digestatos».
A la contaminación a largo plazo añadió otra consecuencia.
«Pérdida de biodiversidad».
Los efectos no terminan necesariamente cuando deja de funcionar la instalación. Algunas sustancias pueden permanecer durante generaciones en el agua, los suelos o los organismos vivos.
Las zonas de sacrificio
Valladares situó las grandes instalaciones dentro de una distribución desigual de los beneficios y de los impactos.
«Forma parte de lo que ahora se denominan zonas de sacrificio».
Durante la ponencia explicó que no se trata únicamente de una expresión utilizada por los movimientos ciudadanos.
«Las zonas de sacrificio, aunque están aquí entre comillas, en realidad están perfectamente cartografiadas. Podéis ir a buscar y ver si Barbastro está en una zona de sacrificio».
Según su exposición, estas zonas concentran residuos, contaminación, extracción de recursos e instalaciones que otros territorios no quieren asumir.
«Europa, nuestra querida, verde y maravillosa Europa, ha definido zonas que son zonas de sacrificio».
La afirmación más rotunda situó a España dentro de ese reparto.
«Dentro de los países europeos, España, como país, es una zona de sacrificio».
«Aquí nos quedan residuos, aquí acumulamos residuos y aquí extraemos cosas peligrosas».
Mientras determinados territorios soportan las fases con mayor impacto, otros concentran los procesos más rentables o mejor considerados.
«En países más al norte se recicla y se utiliza la parte, digamos, más elegante».
Las zonas rurales como el sur interior
Esta desigualdad no se produce únicamente entre países.
«Dentro de España también hay heterogeneidades. También hay norte y sur».
Valladares empleó los conceptos de norte y sur para distinguir entre territorios con diferente capacidad económica, política y social para oponerse a determinados proyectos.
«Hay nortes y sures. Normalmente, los sures, no solo en España, pero también en España, se llenan con lo que nadie quiere».
Las zonas rurales pueden convertirse en espacios especialmente expuestos.
«Una especie de sur encubierto son las zonas rurales, donde no vive nadie y hay poca protesta».
La frase expresa la forma en la que estos territorios pueden ser observados desde los centros de decisión. Lugares con poca población, menor capacidad de movilización y menos influencia política.
«Entonces puedes ir haciendo allí lo que no te gustaría hacer en otros lados».
Valladares insistió en que esta distribución territorial puede estudiarse.
«Tenemos una zona de sacrificio y esto no es ideología ni es solo una crítica».
«Se puede ir a buscar los mapas, ver dónde queda cada región y cómo se distribuye ese sacrificio».
Las zonas de sacrificio reciben las instalaciones, los residuos y también el tráfico necesario para abastecerlas.
«Esas zonas están atravesadas por camiones que van a llevar, en el caso del biogás, residuos y, en otros casos, otros materiales».
«Son zonas en las que la contaminación local puede ser muy alta».
Las garantías empresariales y el ejemplo del tabaco
En la entrevista concedida a Ronda Somontano, Valladares fue preguntado por las garantías ofrecidas por las empresas sobre la ausencia de olores, residuos o efectos sobre las poblaciones.
«Eso no es cierto. Ellas lo saben y lo van a decir».
Para explicar la necesidad de comprobar las afirmaciones de una industria recurrió al precedente del tabaco.
«Eso se vio con el tabaco. ¿Cuántos años estuvieron mintiendo sobre las estadísticas? Philip Morris tenía las mejores estadísticas de cómo mataba el tabaco».
La industria conocía también la función de los aditivos utilizados para aumentar la dependencia.
«Y no era solo el tabaco, sino todos los aditivos que le añadían para generar adicción, que eran casi peores que el propio tabaco. Lo sabía Philip Morris».
Valladares recordó el largo periodo durante el que la información no se tradujo en una respuesta social suficiente.
«Fueron 40 o 50 años de impunidad, de una sociedad que no quería saber, de unos médicos que eran algunos comprados y otros no querían meterse en líos».
La comparación no significa que el biogás y el tabaco sean actividades idénticas. La advertencia se refiere al peligro de confiar únicamente en las garantías de una empresa sin controles, vigilancia y conocimiento científico independiente.
«Todas estas cosas nos tienen que hacer aprender y no caer en ese mismo error».
La especulación no se detiene sola
Valladares relacionó la proliferación de grandes proyectos con la especulación sobre el territorio.
«La especulación no tiene control, no tiene regulación, no tiene freno».
«La especulación lleva a más especulación».
Una vez que una zona empieza a concentrar proyectos, resulta más sencillo justificar el siguiente.
«Empiezas especulando por lo que quieras, por las macrogranjas, acabas con el biogás y sigues con las macrogranjas».
La especulación, explicó, no dispone de un límite ético interno.
«Tenemos que frenar esa especulación porque no tiene una regulación propia ni tiene un código deontológico».
La existencia de leyes no garantiza que todas las situaciones puedan ser previstas o impedidas.
«No hay una ley que pueda frenarlo todo».
Por ello concedió un papel fundamental a quienes viven sobre el terreno y a los científicos que analizan sus efectos.
El problema, insistió, no afecta únicamente al biogás.
«No solo está el biogás».
El poder de los alcaldes
En la entrevista posterior, Valladares fue preguntado por la capacidad de actuación de los municipios cuando los proyectos avanzan administrativamente.
«El alcalde tiene mucho más poder del que quiere asumir».
El respaldo de los vecinos puede reforzar la posición de un representante municipal.
«Imagina un movimiento como este encabezado por un alcalde. Es que no tiene color la fuerza que puede tener».
«Ya ha ocurrido en algunos casos, cuando el alcalde o la alcaldesa se ha visto arropado por el pueblo».
«Si hay 400 personas u 800, las que sean, y el alcalde está como representante político, eso tiene un poder de imagen y un poder político. Sienta un precedente».
Valladares reconoció la existencia de condicionantes políticos procedentes de otras administraciones.
«Lo que ocurre es que hay muchas cosas ocultas y no sabemos qué está pasando».
«A veces hay estrategias políticas a otras escalas, desde el Gobierno nacional o el Gobierno autonómico, que dejan a los alcaldes en una situación un poco más difícil y hacen que no quieran significarse».
A pesar de ello, reclamó responsabilidad.
«Desde el punto de vista humano y social es muy delicado. Pero creo que hay que ser valientes todos. Valientes quienes informan, quienes apoyan y quienes tienen responsabilidades».
La valentía de preguntar
La valentía a la que se refiere Valladares no consiste necesariamente en grandes actos.
«La valentía tiene muchas caras».
«Hay valentías que consisten simplemente en hacer cosas incómodas».
Entre ellas se encuentran las conversaciones que se intentan evitar.
«Hay que forzar conversaciones que te gustaría no tener, con gente con la que preferirías correr un tupido velo. Pero hay que tener esas conversaciones».
La firmeza no implica violencia.
«No tiene por qué ser nada violenta ni nada agresiva, pero sí firme, diciendo “esto no” y “yo quiero enterarme”».
«Me asisten unos derechos que normalmente no se ejercen y los privilegios de unos pocos hay que revisarlos».
Barbastro como ejercicio democrático

Valladares definió la jornada como algo más que una conferencia técnica.
«Lo de hoy es un ejercicio de democracia».
Advirtió de que las sociedades tendrán que afrontar decisiones cada vez más complejas.
«Ojalá me equivoque, pero van a venir más, peores y más difíciles».
Por ello defendió la necesidad de aprender a dialogar incluso con personas situadas en posiciones ideológicas completamente diferentes.
«Tenemos que practicar hablar con las personas que están en las antípodas ideológicas, con las personas que representan lo más diferente con lo que yo podría hablar».
«Tenemos que ensayar esos diálogos y ponernos de acuerdo en lo mínimo, en lo esencial, de la forma más transparente posible».
«Tenemos que ponernos de acuerdo porque van a venir momentos en los que va a ser todavía más difícil».
El diálogo exige capacidad para ceder, pero también límites firmes.
«Hay que dedicarle un talante dispuesto a ceder algunas cosas con generosidad, pero también a exigir otras con firmeza».
«Eso, si no se practica, no sale».
Una preocupación que no empieza en Barbastro
En la entrevista concedida a Ronda Somontano, Valladares explicó que la gran asistencia a la jornada no constituye una excepción.
«No es un caso único. Lo que ha ocurrido en Barbastro es maravilloso por la acogida que ha tenido entre la gente, pero también lo voy viendo en otros sitios».
«El biogás despierta mucha preocupación y está muy bien fundamentada».
Recordó casos y testimonios conocidos durante los últimos años.
«Hay ya muchos casos en la prensa. Llevamos por lo menos tres o cuatro años con muchos testimonios de gente, como el compañero de Ávila que hemos escuchado. Te emociona y dices “esto no puede caerme aquí”».
«Está el caso de Llutxent, en Valencia, el caso de Navia, en Asturias, con la industria lechera, y media docena de casos ya casi históricos».
Según Valladares, estos antecedentes explican la reacción ciudadana.
«Creo que han despertado en la gente una preocupación muy fundada».
«Esto puede cambiar para mal el paisaje, tu modo de vida, el valor de tu vivienda, tu salud y la de tus hijos. Y claro, la gente dice que no».
La gota que colma un vaso lleno
La oposición a estos proyectos se produce dentro de un malestar más amplio.
«Creo que el vaso está muy lleno y que muchos de estos proyectos empiezan a ser la gota que colma un vaso ya muy lleno».
Valladares considera legítimo que la ciudadanía exprese su desacuerdo.
«Me alegro de que cualquier cosa sirva como esa excusa para decir “no en mi nombre”, “no estoy de acuerdo”.
La capacidad de organización será necesaria para afrontar problemas futuros.
«Con el cambio climático, con la erosión democrática y con las circunstancias en las que estamos empezando a vivir, vamos a necesitar una ciudadanía como la que hemos visto aquí en Barbastro, más despierta, más activa y firme».
La defensa del territorio no necesita mártires
Valladares advirtió de que el peso de la defensa del territorio no debe recaer sobre una sola persona.
«No tiene mucho sentido que haya un mártir o una persona que haga un esfuerzo sobrehumano».
La visibilidad pública puede permitir que un conflicto sea conocido, pero también expone a quien se convierte en su principal rostro.
«Si una persona se visibiliza tanto, como yo a veces me visibilizo, me vienen a buscar Repsol, Enagás o los promotores de algunas plantas».
La respuesta debe ser colectiva. Vecinos, asociaciones, periodistas, científicos, representantes públicos y administraciones tienen responsabilidades distintas.
Los límites del beneficio
Valladares aclaró que no se opone a la actividad económica privada.
«Por supuesto, yo no soy un enemigo de que el sector privado haga negocios».
Pero el derecho a hacer negocio no resuelve por sí solo las cuestiones planteadas durante la jornada.
«Pero ¿cuánto negocio y con qué?».
«¿Cuánto margen de beneficio?».
«¿Con la vida de las personas también?».
La jornada no respondió todas las preguntas. Pero las hizo visibles.
Quién gana.
Quién paga.
Quién asume los riesgos.
Quién repara las carreteras y los ríos.
Quién responde por la contaminación.
Quién mantiene una instalación que deja de ser rentable.
Quién compensa a una familia cuya casa pierde su valor.
Y qué quedará en Barbastro y en el Somontano cuando las empresas que hoy presentan sus proyectos ya no estén aquí.
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