El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino Casado, con residencia en España desde 2019 y vinculado al sector de inversiones internacionales, ha logrado que la justicia española ordene el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de la Banca March. Esta medida fue tomada tras la negativa de March a cumplir con una sentencia judicial que le obligaba a pagar más de 2,7 millones de euros a raíz del incumplimiento de un contrato de compraventa inmobiliaria.
La controversia comenzó en 2021, cuando March pactó vender la finca Son Galcerán, ubicada en Valldemossa, a una sociedad relacionada con Francisco Javier D’Agostino por un total de 8 millones de euros. Como parte del acuerdo, el comprador anticipó 2,4 millones. Sin embargo, el vendedor incumplió el contrato de forma unilateral y vendió la propiedad a un tercero por un precio mayor, sin devolver el dinero recibido inicialmente.
El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid resolvió en abril de 2024 que March debía devolver los 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los daños ocasionados. Al no efectuarse el pago en los plazos legales, el tribunal ordenó el embargo de sus propiedades, cuentas bancarias, participaciones en empresas y fondos de inversión. La cifra total a embargar asciende ya a 3,5 millones de euros, incluyendo intereses y costas procesales.
La finca Son Galcerán tiene un notable valor histórico, pues fue residencia del archiduque Luis Salvador de Austria y llegó a hospedar a la emperatriz Sissí durante sus visitas a Mallorca. La jueza del caso consideró probado que la única razón del incumplimiento por parte de March fue obtener una ventaja económica con una segunda venta más rentable, sin justificación válida para anular el acuerdo original.
Francisco D’Agostino, quien también es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura relevante de la nobleza española y descendiente del rey Alfonso XIII, ha mantenido un perfil empresarial alejado de la política, pese a haber estado en el centro de otro proceso que generó atención internacional.
A inicios de 2025, Francisco D’Agostino Casado fue removido de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que se confirmara que sus negocios no guardaban relación con el gobierno de Nicolás Maduro, contradiciendo las sospechas que motivaron su inclusión en 2021.