Hasta el momento presente, la Sociedat de Lingüistica Aragonesa (SLA), fundada en Graus en el año 2004 con objeto de dignificar y revitalizar el patrimonio lingüístico de Aragón, ha guardado un respetuoso silencio sobre la Academia Aragonesa de la Lengua, cuyos actuales estatutos fueron aprobados en el año 2018 por el gobierno del PSOE. Creemos llegado el momento de romper ese silencio para trasladar a la opinión pública la naturaleza de una entidad que, en teoría, debería trabajar por las lenguas de Aragón y proteger incondicionalmente a sus hablantes.
Pensamos, al contrario, que la actual Academia opera en detrimento de las lenguas propias de Aragón, y que contraviene de manera flagrante el mandato que tiene por ley, en la medida en que trabaja por la institucionalización de dos sistemas lingüísticos alóctonos (el neoaragonés y la modalidad catalana de Barcelona) que resultan ajenos a los hablantes del Alto Aragón y del Aragón oriental.
Hacemos constar que, desde el año 2018, la SLA ha sido sistemáticamente excluida de cualquier tipo de diálogo, y, por supuesto, de representación en la Academia. Ello, pese a estar integrada en su mayoría por hablantes de una de las principales variedades románicas del Alto Aragón (el ribagorzano); pese a haber llevado a cabo una notable labor de investigación cuyos resultados se han difundido en congresos de romanística y publicaciones científicas desde el 2004; y pese a contar en su seno con lingüistas de prestigio. Como contraste, la Academia está repleta de auténticos neófitos y simples activistas políticos.
Informamos también de que la actual Academia ha mostrado desde su constitución unos procedimientos más que censurables, dignos del modus operandi exhibido por la desaparecida Dirección General de Política Lingüística (2015-2023), a cuyo timón se situó José Ignacio López Susín (CHA). Un ejemplo concreto de la protección que la Academia ofrece a los hablantes de las lenguas de Aragón es el de las continuas intromisiones para imponer la ortografía que dicha institución presenta como oficial, ortografía que la propia Dirección General de Política Lingüística rechazó y contra la que algunos académicos emitieron votos particulares, generando una situación estrambótica. Las presiones comenzaron afectando a nuestros socios a título individual en el 2024, prosiguieron con el envío de cartas, y han culminado este 2026 con la pretensión de redactar las bases del concurso Condau de Ribagorza, cuya convocatoria ha cumplido un cuarto de siglo de historia sin necesidad de academia alguna.
Ante la posibilidad, en suma, de que el próximo gobierno de Aragón mantenga esta Academia, y considerando lo que hasta aquí se ha expuesto sobre su naturaleza contraria a las lenguas de Aragón y sobre sus procedimientos contra los hablantes de lenguas aragonesas, la SLA solicita al próximo ejecutivo aragonés su inmediata supresión si se desea preservar nuestro patrimonio lingüístico. También nos gustaría formar parte de cualquier diálogo o debate que se establezca sobre la preservación de nuestras lenguas.
En este sentido, y para terminar con espíritu constructivo, la SLA considera que la preservación de ese patrimonio inmaterial depende de tres cuestiones capitales, cada una de ellas con múltiples líneas de actuación: 1) la despolitización de las lenguas de Aragón, que deben ser vehículos de comunicación en manos de sus hablantes, no herramientas monopolizadas por un determinado partido; 2) el reconocimiento de una obviedad: que el grueso del patrimonio lingüístico aragonés se concentra hoy en el Aragón oriental; y 3) la creación de un conjunto de entidades (institutos, oficinas o secretarías: tanto da) que, arraigadas en el territorio y conformadas exclusivamente por lingüistas con una dilatada trayectoria de investigación científica sobre el idioma (algunos los hay ya en la actual Academia, y hemos colaborado con ellos), trabajen por la dignificación y revitalización del patrimonio lingüístico aragonés con arreglo a las variedades románicas que hoy sobreviven.
Para el caso del aragonés, por ejemplo, bastaría con establecer una de esas entidades en Hecho, la única población donde la antigua lengua aragonesa posee todavía relevancia, y la única que, en consecuencia, debería albergar la sede de cualquier Instituto de l’Aragonés que se precie. Desde ella podrían gestionarse igualmente las variedades del valle de Gistau, aunque estas, en realidad, poseen mayor afinidad con el ribagorzano que con el aragonés de Hecho.
En cuanto al resto del Aragón oriental, la cuestión es algo más compleja, pero vemos ineludible la creación de una Oficina o Secretaría Lingüística de Ribagorza, habida cuenta de la vitalidad que el ribagorzano mantiene aún en la comarca de Ribagorza, así como en ciertas poblaciones del Somontano de Barbastro, Cinca Medio y La Litera.
Finalmente, para las poblaciones más orientales de Ribagorza y de La Litera, así como para las comarcas del Bajo Cinca, Bajo Aragón y Matarraña, deberían ser las asociaciones de hablantes las que propusieran sus propias soluciones; no obstante, como observadores externos (y sin ningún atisbo de paternalismo por nuestra parte), pensamos que el modelo de las oficinas o secretarías lingüísticas sería extrapolable también allí, y que estas deberían promocionar tres paraestándares, flexibles y pluricéntricos, para apuntalar las distintas modalidades existentes en esas comarcas: un paraestándar ribagorzano-literano que llegaría hasta Torrente de Cinca; otro, para la zona entre Mequinenza, el Matarraña y el Alto Mezquín; y un tercero, para las modalidades del Bajo Mezquín-Guadalope.
También sería labor de esas instituciones mantener a raya los discursos expansionistas de quienes consideran el Aragón oriental una franja de territorio que ocupar utilizando el caballo de Troya de la lengua. Es evidente que, en las comarcas citadas, se libra un conflicto lingüístico desde hace décadas, y no parece muy democrático silenciar y demonizar constantemente a una de las dos partes solo porque defiende lo que no es de nuestro agrado. Tampoco es demasiado inteligente, dicho sea de paso, inhibirse y ceder la iniciativa en un asunto tan trascendental como la lengua a actores foráneos con un proyecto político que pasa por desgajar una porción sustancial de Aragón. Si la gestión de nuestra arquitectura románica no depende del Institut d’Estudis Catalans, ¿por qué debería hacerlo nuestro patrimonio lingüístico?
Sociedat de Lingüistica Aragonesa (SLA)
Graus, 4 de mayo del 2026