Ante la necesidad de disminuir el déficit público, frente a la opción de disminuir el gasto corriente, el Gobierno ha optado por la solución más fácil: reducir inversiones productivas a pesar de su contribución a la generación de riqueza, al mantenimiento y creación de empleo, a la competitividad de las empresas asentadas en el territorio, a proporcionar a los ciudadanos una mejor calidad de vida e, incluso, a un importante retorno por vía fiscal.
Del total de 32 obras rescindidas en España, 3 le corresponden a la provincia de Huesca, es decir más del 9% con el agravante de que la licitación de obra pública en Aragón se ha reducido en un 47% durante el primer semestre de 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior mientras la reducción nacional ha sido del 31%. Con ser esto malo y desproporcionado (nuestras cifras rondan el 3% de las inversiones totales), todavía puede ser peor la anunciada paralización de proyectos prevista para septiembre pero que ya está anticipándose en algunas obras. La paralización de obras no es sencilla, ya que afecta a la seguridad y al medio ambiente e implica sustanciosos incrementos del coste.
La decisión de Fomento trasciende la resolución de contratos para traducirse en la práctica, en una paralización de las obras y, consecuentemente en un recorte absoluto y sin precedentes de la inversión de la obra pública, a la que pueden estar sumándose ya otras Administraciones, generándose un colapso en un sector ya malherido por la crisis del subsector residencial.
La obra pública constituye una actividad anticíclica generadora de un nicho de creación de trabajo e inversión e incentivadora de actividad económica, cuya paralización aboca a consecuencias demoledoras en la economía provincial como consecuencia del efecto arrastre del sector de construcción. Se estima que por cada euro invertido en construcción se inducen 0,69 euros en otros sectores y que por cada empleo directo en construcción se generan 0,49 empleos en otros sectores. Así, una inversión adicional de un 1% del PIB en construcción genera 127.080 empleos directos y otros 62.029 inducidos en otros sectores. Además, esta misma inversión produce un retorno fiscal equivalente al 0,57% del PIB.
Cada millón de euros invertido en construcción genera 18 puestos de trabajo y produce un retorno fiscal de 570.000 euros. Teniendo en cuenta los efectos directos, indirectos e inducidos, el sector de la construcción crea el 28% del empleo y genera el 31% de la producción.
Además, la inversión en infraestructuras y, particularmente en las de transporte, influyen muy positivamente en el incremento de la competitividad del resto de sectores.
A ello debe añadirse la introducción de un nuevo elemento, la inseguridad jurídica y económica que este tipo de decisiones genera entre los diferentes agentes económicos.
Por todo ello resulta difícil entender que la reducción del déficit español se efectúe a costa de las inversiones más productivas, con tanto impacto en la economía y el empleo y que va a conllevar una nueva e importante destrucción del tejido productivo planteándose ante este escenario un futuro absolutamente incierto y desolador lleno de incertidumbres:
¿Cuál es el plan del Ministerio de Fomento? ¿Va a aplazar cualquier pago a las empresas que están construyendo las obras que se van a demorar? ¿Va a indemnizar a estas firmas por el retraso? ¿Se va a proceder a recalcular un calendario de trabajo?
¿Qué sucederá con los subcontratistas y proveedores, empresas locales que han intervenido en estas obras, con un volumen importante de inversión en maquinaria y contratación, y cuyos pagos se encuentran aplazados? ¿Quién va a compensar e indemnizar a estas pequeñas y medianas empresas por la anulación de los contratos y pedidos que tienen con los adjudicatarios de las actuaciones anuladas o paralizadas?
¿Cómo va incidir esta medida en la financiación de las empresas contratistas de estas obras vinculada en gran medida a la futura cartera de obra?
Por otro lado, frente a la pretensión del Ministerio de acudir a fórmulas de colaboración público- privada debemos poner de manifiesto que este sistema no es apto para la capacidad del importante tejido de pequeñas y medianas empresas que integran el sector de la provincia.
Finalmente, no debemos dejar de referir tanto el incalculable perjuicio económico que supone la paralización de las obras tornando improductivos los importantísimos recursos económicos ya invertidos, como los riesgos que para la seguridad vial genera la paralización de las obras. La decisión del Gobierno deja una provincia con un alto riesgo de accidentes ante la situación de mal estado de las vías provisionales, con una alta probabilidad de atascos difícilmente controlables para acceder al Pirineo y, en definitiva unas malas comunicaciones.
Por todo ello, nuestra organización empresarial, comprendiendo la necesidad de abordar ajustes presupuestarios, no puede sino lamentar una decisión que, frente a otras alternativas de recorte del gasto público, mutila la inversión productiva en infraestructuras y condena a la desaparición a un porcentaje importantísimo de empresas de la provincia, confiando en que ante los gravísimos problemas que esta decisión puede acarrear se rectifique esta decisión como en otras ocasiones y con otras provincias ha sucedido, instando además a que desde las diferentes administraciones aragonesas se impulsen acciones concretas que palien el importante impacto negativo que sobre la economía provincial, su estructuración territorial y sus posibilidades de desarrollo suponen las medidas ya tomadas y las anunciadas.