La reforma del sector eléctrico que planea el Gobierno central del PP aplicar en marzo se ha ganado un nuevo enemigo. Se trata de las plantas de desimpacto ambiental de purines existentes en todo el país que rechazan la retiradas por parte del Ministerio de Industria de las subvenciones públicas para esta actividad, convirtiéndola en inviable económicamente y generando asimismo un grave problema medioambiental.
Las veintiocho plantas existentes en España, y agrupadas en la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), han decidido parar su actividad para plantear sobre la mesa el problema medioambiental y económico que la medida del Estado supondría para el sector primario. Las plantas que no han parado ya lo harán en próximos días, según informan desde este sector. Las que sí han parado han sido las tres plantas de cogeneración existentes en la comarca del Cinca Medio, dos en Monzón y una en Fonz. Estas plantas pertenecen a las multinacionales españolas Iberdola (una en Monzón y otra en Fonz) y a Gas Natural. Las de la ciudad del Cinca se ubican en el polígono industrial Paúles.
En ellas trabajan alrededor de una treintena de empleados que ayer seguían en sus puestos hasta nueva orden de la dirección. Las tres plantas han parado su actividad de depuración de los purines desde el viernes pero siguen trabajando en labores de mantenimiento, administración, etc.
El personal de las plantas mediocinqueñas desconocía cuanto tiempo iba a durar el paro de la actividad. Tampoco conocen si peligran sus puestos de trabajo ya que ningún responsable de ambas importantes empresas les ha comunicado nada al respecto.
La provincia de Huesca aglutina las cuatro plantas de depuradoras de purines existentes en Aragón. La cuarta planta se ubica en la comarca de La Litera, en la localidad de Altorricón. Ayer fue imposible ponerse en contacto con algún responsable de Desimpacto de Purines de Altorricón S.A. para aclarar el futuro inmediato de esta planta de tratamiento de excrementos, que fue inaugurada en septiembre de 2002. El alcalde de Altorricón, Salvador Plana, señaló que hace ya unos meses que desde la empresa se comentó que la planta podría cerrar en 2015, aunque, en este momento, desconoce si han variado las previsiones, ya que la instalación fue adquirida hace tres años por un fondo de inversiones americano y «la comunicación no es muy fluida», indicó el alcalde.
La construcción de la planta supuso una inversión de 12 millones de euros y generó alrededor de quince puestos de trabajo, que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, aunque no están ligados a la población local. Sin embargo, el precio del gas que utilizan en el proceso de tratamiento de los purines ha sido un problema para la planta casi desde su entrada en servicio.
Cierre de explotaciones ganaderas
El problema que se generaría en el Alto Aragón, y otras partes de España, implicaría la pérdida de puestos de trabajo directos pero también indirectos ya que se teme que al cerrar estas plantas lo hagan también otras explotaciones ganaderas que utilizan el producto depurado como abonos.
Ello sin contar el grave problema que supondría para el medio ambiente.
En este sentido, desde la ADAP consideran fundamental para la viabilidad del sector porcino nacional la continuidad de las actuales 28 plantas de tratamiento de purines (del modelo de cogeneración y reguladas por el RD 661/07), que tratan 2,5 millones de toneladas de purín al año (de los 7 millones de excedentes contaminantes que se generan), reducen unas 700.000 toneladas de CO2 equivalentes al año, tienen resuelta su viabilidad económica, contribuyen a la mejora de infraestructuras de zonas rurales y dan empleo directo e indirecto a varios millares de personas, según informan en un comunicado.