Con la palabra escándalo se puede definir la elección de Huesca como sede del Instituto de Innovación Gastronómica en lugar de su localización más idónea en la ciudad de Barbastro. Las presiones políticas y el revuelo mediático han decantado la ubicación final de este nuevo organismo en la capital provincial, que como se sabe, es una ciudad-imán para este tipo de entes que tienen como principal motivación el acceso al presupuesto público – claro está, a costa de los impuestos recaudados en gran medida en las comarcas orientales de la provincia-. Lo peor de este asunto, sin embargo, han sido las razones aducidas desde las entidades promotoras de esta iniciativa, especialmente las manifestadas por la Asociación Provincial de Hostelería y por el alcalde de Huesca, y que literalmente, han supuesto un desprecio a la candidatura barbastrense y a todas empresas agroalimentarias de nuestra ciudad y de nuestra comarca.
Estos argumentos venían a recalcar la importancia de los restaurantes oscenses con estrella Michelin y una trayectoria previa de trabajos en este campo. Parecen ignorar desde la capital que en nuestra ciudad también hay una notable presencia de restauración, y algo fundamental que carece Huesca, una producción de reconocida calidad en las más variadas ramas de la alimentación: vinos, aceites, huerta, cárnicos, etc. Además, tras el cruce de declaraciones y de posiciones políticas, se venía a afirmar que este tipo de organismos no podían tener cabida fuera de la capital. Lo que viene a constatar, otra vez, el centralismo de pacotilla de quienes ostentan el poder.
No sorprende, pues, la decisión de ubicar el referido instituto en la capital provincial; una ciudad cuya economía depende, cada vez más, del volumen de gasto público que pueda repartir entre su escaso sector productivo. Pero lo que realmente indigna es que asociaciones profesionales que tienen el apelativo de provincial en su denominación centren su actividad en favorecer sólo a una pequeña parte de sus asociados, es decir, solamente a aquellas empresas/ miembros establecidos en la capital. O que los representantes políticos de la “provincia entera” manifiesten su conformidad aplaudiendo la decisión.
Sirve el razonamiento anterior para otros organismos e instituciones cuyas sedes están en Huesca pero que, por sus características o su efectividad, deberían estar fuera de la capital. El ejemplo más claro es la Cámara de Comercio e Industria, que tendría que tener su sede en Monzón. La capital mediocinqueña es el epicentro de la actividad industrial, y junto al resto de localidades próximas del eje del Cinca, el motor de la economía provincial.
Si con los datos económicos podemos poner en duda la idoneidad de estos organismos “provinciales”, con más razón a la luz de las cifras de población del conjunto del territorio. Hoy en día, no llega al 25% de los habitantes de la provincia los que viven en su capital y localidades vecinas. ¿No es éste un argumento imbatible para revertir la concentración de organismos en Huesca? ¿Acaso el restante 75% de la población no es merecedor de atención por parte del poder político?
Empecemos a descentralizar, ahora que está de actualidad en el debate político, por lo más cercano, por la provincia. Veremos como los políticos que se llenan la boca con la despoblación y el medio rural con la vista puesta en las soluciones que puedan llegar de Zaragoza o Madrid enmudecen y miran hacia otro lado.