Los trabajadores aragoneses por cuenta ajena declararon un 5,3% más de ingresos en la Campaña de Renta 2008, a pesar de los efectos incipientes de la crisis y la escalada del desempleo que aumentó en 609.100 personas en España en el último trimestre de 2008. Los asalariados y pensionistas de Aragón reconocieron en ese año un aumento de sus rendimientos netos de 931 euros, situándose en 18.546 euros anuales, según la II edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2008, declarado en junio de 2009.
Según Gestha, estos rendimientos reconocidos por trabajadores y pensionistas en esta comunidad chocan de plano con los ingresos declarados ese mismo año por los profesionales liberales y pequeños empresarios, los cuales se mostraron ante la Hacienda Pública como «simples mileuristas», con unas rentas netas de 14.450 euros anuales, y una caída de sus ingresos del 9,2% (unos 1.469 euros menos), a pesar de que la economía creció el 3,4% en 2008.
Gestha atribuye este comportamiento tan dispar a que las declaraciones de Renta de 2008 se presentaron en junio de 2009, en plena recesión económica, por lo que muchos autónomos optaron por falsear sus declaraciones y ocultar sus beneficios de 2008 para sortear la falta de liquidez y caída de las ventas en 2009, opción imposible para los trabajadores cuyos ingresos están muy controlados.
Asimismo, el estudio evidencia que los micro empresarios aragoneses que tributan en módulos -como albañiles, electricistas, fontaneros, etc.- tampoco pudieron defraudar como los profesionales y pequeños empresarios, declarando tan sólo 62 euros más de ingresos (+0,6%) en un «buen año» de actividad, ya que al estar «fichados por los módulos» no pagan impuestos en función de los beneficios que realmente obtienen, sino de otros factores «más o menos estimativos de esos beneficios» como la dimensión del local, el número de empleados y vehículos, o la electricidad consumida.
Aragón, entre las CC.AA. con mayor aumento de las diferencias
Por comunidades autónomas, la comparativa entre los años 2008 y 2007 muestra que Aragón es la séptima comunidad que registra el mayor aumento de la diferencia entre los ingresos declarados por los trabajadores y pensionistas y los declarados por profesionales y pequeños empresarios (en estimación directa), que alcanza los 2.400 euros. Las mayores brechas se abren en la Región de Murcia (3.362 euros), La Rioja (2.920 euros), Baleares (2.864 euros), Comunidad Valenciana (2.844 euros), Andalucía (2.545 euros) y Cataluña (2.451 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias se situaron por debajo de la media nacional y, por tanto, son menos acentuadas son Madrid (1.994 euros), Asturias (1.944 euros), Castilla y León (1.900 euros), Extremadura (1.832), Canarias (1.823 euros) y Galicia (1.778 euros).
Si se comparan la evolución de la brecha 2008/2007 con los microempresarios (en módulos) en ese periodo, las mayores diferencias se apreciaron en el Principado de Asturias (1.059 euros), Murcia (994 euros), Madrid (980 euros), Castilla-La Mancha (935 euros), Baleares (896 euros), Cataluña (888 euros), Extremadura (884 euros) y Aragón (869 euros). En el extremo contrario, por debajo de la media nacional, se situaron La Rioja (590 euros), Comunidad Valenciana (649), Andalucía (691) Canarias (698), Cantabria (786 euros), Galicia (798 euros) y Castilla y León (807 euros).
La brecha entre los rendimientos declarados en España aumenta sin control
El informe de Gestha muestra además que esta brecha entre los rendimientos declarados por ambos colectivos aumenta sin control en los últimos quince años. Así, si se comparan las estadísticas del IRPF correspondientes a 2008 con las de 1993, se observa que el diferencial entre las rentas declaradas por empresarios y trabajadores se ha ido agrandando en estos últimos quince años, hasta el punto de multiplicarse por cinco si se confrontan los ingresos tributados por los asalariados/pensionistas con los de los profesionales y empresarios en estimación directa, o por tres si se comparan con los declarados por los microempresarios que tributan en módulos.
Cuadro 1.-Brecha fiscal entre trabajadores, pensionistas, pequeños empresarios y micrempresarios
Brecha Fiscal Trabajadores y pensionistas Pequeños empresarios
(estimación directa) Microempresarios (módulos) Importe que los pequeños empresarios (estimación directa) declararon por debajo de trabajadores y pensionistas (en euros) Importe que los microempresarios (módulos) declararon por debajo de trabajadores y pensionistas (en euros)
Rendimientos netos declarados en IRPF 1993
(convertidos a euros) 11.674 10.260 9.201 1.414 2.472
Rendimientos netos declarados en IRPF 2008 19.288 12.089 11.623 7.199 7.665
Fuente: Informe de Gestha a partir de datos del IRPF de 2008 y 2007.
Esta brecha se agranda especialmente cuando «se presenta» la declaración en año de crisis como en junio de 2009, donde ese diferencial se incrementó en 2.324 euros si se compara con los profesionales y pequeños empresarios, y en 832 euros si se confronta con los ingresos de los microempresarios, colectivos de autónomos azotados por la crisis en 2009, pero no en 2008.
Fraude y picaresca relativa
En opinión de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios reside en los altos niveles de fraude fiscal que viene arrastrando España en estos últimos años, donde la bolsa de dinero negro crece ininterrumpidamente. La economía sumergida en nuestro país aumentó en 25.000 millones entre 2000 y 2009, alcanzando actualmente los 245.000 millones, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, donde el índice de evasión ronda el 13%.
Para GESTHA, una prueba contundente del fraude fiscal del sector empresarial español son las grandes diferencias entre los ingresos declarados por los asalariados y los empresarios, hasta el punto de que los trabajadores declaran a la Hacienda Pública una media de 7.200 euros más que los profesionales y los pequeños empresarios, y alrededor de 7.600 euros más si se compara con los rendimientos de los microempresarios.
A pesar de estos datos, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señala que «en la actualidad los pequeños empresarios representan solo el 15% de la defraudación total de nuestro país; sin duda, las bolsas de economía sumergida más importantes son generadas por las medianas y grandes empresas, especialmente en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria».
Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado no ha sido capaz de reducir las diferencias, sino que ha permitido que se quintupliquen, a pesar de estar centrada en el control de las rentas del trabajo y los autónomos desde que en 1992 se creó.
En opinión de los Técnicos, para evitar que la Agencia Tributaria estatal siga perdiendo la batalla contra el fraude fiscal se debe reforzar la investigación de las principales bolsas de fraude que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que frecuentemente venden sin factura, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, utilizan sociedades instrumentales o paraísos fiscales, o en demasiadas ocasiones «manejan» facturas falsas.
En este sentido, el informe de Gestha explica que el régimen de módulos es impreciso, anticuado, y en demasiadas ocasiones constituye el «caldo de cultivo ideal» para emitir facturas falsas a medianas y grandes empresas, ya que el empresario emisor de la factura «no paga más» al Fisco, mientras que quien recibe la factura falsa «contabiliza indebidamente» un gasto y una cuota deducible en IVA.
La solución: cuatro medidas para luchar contra el fraude
Con el objetivo de reducir el fraude en el sector empresarial, Gestha propone que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria dirijan sus investigaciones de lo más fácil -los trabajadores y autónomos- hacia las grandes fortunas y el control de las subvenciones y del gasto público.
En este sentido, en primer lugar, los técnicos de Hacienda abogan por la elaboración de estudios oficiales de economía sumergida, fijando el Parlamento los objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, y verificando anualmente los resultados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.
En segundo lugar, GESTHA aboga por aumentar la responsabilidad de los 8.000 técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que les autorice a investigar las grandes bolsas de fraude y mejorar la auditoría y el control del gasto público. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, se podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte social o laboral como las aprobadas este año o a los anuncios para endurecer las condiciones de la jubilación o los aumentos impositivos.
En tercer lugar, Gestha propone otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.
También, defiende la reducción de las 101 actividades industriales, comerciales y de servicios del régimen de Estimación Objetiva por Módulos y el Régimen Especial Simplificado del IVA, además de la agricultura, ganadería y pesca, para que el rendimiento íntegro de estos microempresarios tribute en estimación directa simplificada. En su opinión, el mantenimiento de la Estimación Objetiva no se justifica con la evolución socioeconómica del país y de las nuevas tecnologías -hace diecinueve años se fijaron las tablas de módulos por primera vez-, salvo que vendan exclusivamente a los consumidores finales.
Además, estima que sería más neutral que el autónomo pudiera renunciar a la Estimación por Módulos al final del año 2010, en vez de hacerlo en abril, ya que un microempresario puede sufrir un desplome de sus ventas o un aumento de la morosidad a lo largo del año, teniendo pérdidas pero estará obligado a tributar por un beneficio «estimado».