España es conocida por su enfoque conservador hacia la innovación financiera. Sin embargo, el uso de criptomonedas creció mucho en los últimos años, con aproximadamente el 50% de los españoles adoptando tokens como método de pago. Ante la popularidad de Bitcoin y otras criptomonedas en varios sectores del país, la necesidad de clarificar las áreas grises impulsó al gobierno a establecer leyes para regular los activos digitales.
La ley de transformación digital del sistema financiero, por ejemplo, aprobada en noviembre de 2020, ha creado un entorno controlado para probar innovaciones financieras bajo supervisión administrativa, conocido como «sandbox financiero». Este espacio ha permitido que muchos proyectos prueben productos y compartan experiencias, facilitando la integración y el avance de la tecnología blockchain.
Aunque los españoles han adoptado masivamente las criptomonedas en su vida cotidiana, la legislación sigue siendo cautelosa. Madrid y Barcelona cuentan con el mayor número de cajeros automáticos de Bitcoin en el país, pero en línea, todos los españoles tienen acceso a plataformas que utilizan criptomonedas como forma de pago.
Las plataformas de comercio electrónico, las agencias inmobiliarias que permiten la compra-venta de propiedades, y las entidades financieras que ofrecen tarjetas de débito vinculadas a cuentas de criptomonedas, todos hacen uso de estas divisas digitales, facilitando una variedad de transacciones diarias. Por ejemplo, los casinos Bitcoin están aumentando, y algunos informes indican que más del 50% de las plataformas de juego en España ya permiten el uso de criptomonedas como método de pago. O sea, las criptomonedas están presentes en todas partes y la regulación en España busca encontrar un equilibrio entre proteger al consumidor y estar abierta a la innovación.
Durante la recesión, hubo muchos casos de fraude involucrando activos financieros y criptoactivos. Según la Ley 46/1998, que introdujo el euro como moneda nacional, España estableció que, a partir del 1 de enero de 1999, la moneda nacional sería el euro, no reconociendo legalmente la criptomoneda como dinero. En enero de 2023, la fintech española MONEI recibió aprobación del Banco de España para iniciar su proyecto de euro digital, conocido como EURM. Utilizando la tecnología blockchain Ethereum 2.0, el EURM facilita la transferencia de euros entre individuos y pagos en línea. Esto puede verse como una apertura para integrar la tecnología blockchain de manera productiva.
La preocupación por el lavado de dinero es evidente en la regulación española. La pandemia exacerbó la incidencia de estafas con criptoactivos, ya que muchas personas, motivadas por la incertidumbre económica y el aumento del ahorro, buscaron invertir en el mercado de criptomonedas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han intensificado sus advertencias sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, especialmente para los inversores minoristas.
Y, en abril de 2021, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 7/2021, modificó la Ley 10/2010 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Esta modificación definió oficialmente los activos virtuales y estipuló que los proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales y fiduciarias y de custodia de carteras virtuales deben registrarse en el Registro del Banco de España.
Sin embargo, la legislación más importante y que más afecta a la población es en relación con la tributación. En abril de 2023 se aprobó el Real Decreto 249/2023, que obliga a la declaración de la posesión y de las operaciones realizadas con criptomonedas a partir del 1 de enero de 2024. Este decreto creó la obligación para las entidades y personas residentes en España, y establecimientos permanentes españoles, que prestan servicios de custodia o cambio de criptomonedas, de presentar declaraciones informativas anuales sobre las criptomonedas que mantienen bajo custodia.