Un matrimonio residente en Monzón está peleando en el ámbito judicial, político y social para conseguir que la legislación española proteja a las personas con discapacidad intelectual ante casos de abusos como el ocurrido con su hijo, David Díaz Ríos, fallecido hace unos meses en Argentina y que se vio implicado en un presunto delito de tráfico de drogas.
Para sus padres Roser Ríos y Manuel Luque, oriundos de Hospitalet pero vecinos de Monzón, el trágico desenlace de su hijo es una mezcla de la negligencia del sistema penitenciario argentino, de la ineficacia de la burocracia española, pero sobre todo de la indefensión legal que tiene un colectivo como el de los discapacitados psíquicos, susceptibles a engaños y a ser utilizados como fácil arma delictiva.
David tenía una discapacidad intelectual del 49%. En enero de 2011 y con 19 años decidió dejar el hogar familiar para trasladarse a Lérida y empezar una nueva vida con su novia. Sus padres mantenían el contacto con él los fines de semana, pero de repente ese contacto se truncó cuando alguien le ofreció la posibilidad de realizar un viaje a Colombia para traer droga a España.
Durante ese trayecto fue detenido en Argentina y trasladado al centro penitenciario psiquiátrico número 20 mientras las autoridades llevaban a cabo el peritaje para comprobar el grado de discapacidad intelectual. El joven ingresó en prisión un lunes a las 23.00 y a las 02.00 de la noche se declaró un incendio, provocado por un interno de la celda contigua, y que causó la muerte de ambos.
«Su abogado nos llamó a las 5 de la tarde para decirnos que enviáramos la documentación de la minusvalía porque lo habían cogido y peritar ese caso. Y el martes ya nos llamaron para decirnos que había fallecido», explica su padre Manuel.
Ante el estupor e incredulidad que sintieron tras recibir esta noticia, el matrimonio ha iniciado una campaña para aclarar los hechos y que todavía sigue en curso. Un gabinete de abogados en Argentina está trabajando en la denuncia interpuesta contra la cárcel por negligencia (el recluso que provocó el incendio tenía dentro de su celda un mechero, los colchones no eran innífugos, no había agua y el sistema de alarma no funcionaba, según los datos recopilados por sus abogados). Al margen de este cúmulo de errores, los padres de David centran sus quejas «en la falta de asistencia del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Consulado cuando tienes un problema como éste».
«Nos parece imposible y fuera de lugar la falta de asistencia que hay en España cuando pasa un caso así, que no es habitual. Desde la embajada sólo nos dieron teléfonos de funerarias y de abogados en Argentina con gasto a nuestra costa, porque ellos no podían hacer más por nosotros», explica Manuel, quien recuerda las recomendaciones que les dijeron: «que nos buscáramos la vida como cualquier otra familia a quien se le muere un familiar en el extranjero».
Este triste desenlace ha animado al matrimonio a emprender una quijotesca batalla para que casos como el de David no vuelvan a ocurrir en España. «Nuestra lucha es que estos percances no pasen a otras familias y si se les da un caso similar que tengan el suficiente apoyo y no pasen por estos trances», explican.
Sus reivindicaciones se resumen en tres puntos: la creación de una base de datos para que las personas con discapacidad intelectual estén controladas a la hora de sacar un billete para un vuelo; protección e información del proceso de tutela (que en el caso de David se pidió cuando tenía 17 años); endurecimiento de las penas a personas que utilizan para acciones delictiva a discapacitados psíquicos. Y es que a raíz de recoger solicitudes de apoyo por Cataluña y Aragón, este matrimonio ha conocido de otros casos similares y que demuestran la existencia «de una red de narcotraficantes que opera por toda España utilizando a personas con discapacidad intelectual y a ancianos para engañarlos por cuatro duros». El matrimonio recuerda por ejemplo otro caso tristemente célebre, el del catalán Óscar Sánchez detenido por ser un supuesto capo de la mafia -en un claro caso de suplantación de identidad- tras haber vendido su carné de identidad para un ‘sin papeles’.
Su propuesta la han llevado a redes sociales creando un grupo de facebook (justiciaparadavid), han acudido a varios medios de comunicación de Cataluña y televisiones nacionales, han pegado carteles por lugares públicos de Aragón y Cataluña, han convocado concentraciones en Hospitalet -la siguiente será el 27 de enero en esta localidad barcelonesa- y han acudido a las instituciones públicas catalanas para que se atienda su protesta. Ayer mantenían un encuentro con ediles de Hospitalet y están planteando recoger firmas y enviar cartas al Senado.
«Esperamos que la gente se conciencie y crear un clima de opinión para que los políticos hagan algo», señalan.