Es evidente que el alumnado de siempre ha hecho diferentes actos merecedores de sanción, pues iban (y van) en contra de la convivencia y el respeto en los centros escolares y en contra de lo que viene recogido en el RRI (Reglamento de Régimen Interno), desde picarse clases, fumar, uso indebido del material escolar o de las instalaciones, algún robo…
Pero en los últimos tiempos, y con la excusa de que no les pasará nada porque son menores de edad, se viene observando una constante desobediencia hacia cualquier indicación del profesorado, repetidas faltas de respeto (hasta actitudes machistas hacia las profesoras, o grabar en clase con sus móviles), amenazas, coacciones e insultos (no olvidemos que somos autoridad), agresiones físicas (como el caso extremo del asesinato de Mª. Belén), o la puesta en entredicho de su labor docente, hasta con reclamaciones con tal de conseguir un aprobado o una subida de nota, que no han obtenido por sus propios medios y que salen gratis (tal vez el alumnado se pensaría reclamar una nota si esta pudiera bajarse una vez hecha la revisión, como ocurre en los exámenes de la PAU).
Pero lo más sangrante es que ante algunos de estos actos, sus progenitores los justifican, sin asumir que dichos actos tienen consecuencias, y se suben al carro del insulto, la amenaza y el ninguneo de la labor docente, en un claro ejemplo de delitos sancionables por ley, pues aquí ya hablamos de personas adultas.
Por ello, propongo que las futuras reuniones del profesorado con padres / madres / alumnado se graben (previo aviso), y se entregue una copia al final, y que los equipos directivos atajen estos casos y actúen con contundencia tanto con el alumnado que ha cometido la infracción (grave), como con sus progenitores, y dando su apoyo al claustro.