Incómodos porque hay un reconocimiento de que ha habido una negligencia y esto constata que hay un déficit sanitario en algunos aspectos de la sanidad pública». Así se siente la familia de una mujer de 76 años que falleció en el hospital de Barbastro tras cuatro días de ingreso por no sustituirle de forma urgente la batería de su marcapasos, un procedimiento que se debía realizar en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Sin embargo, el traslado nunca se realizó y la mujer permaneció ingresada hasta su muerte en una habitación sin monitorizar.
Sus allegados recibirán ahora 91.000 euros del Gobierno de Aragón como indemnización gracias a un acuerdo entre ambas partes, que ha evitado un juicio. Pero esta compensación no evita que se pregunten si existen hospitales de primera y de segunda y si el hecho de vivir en el medio rural «debe significar una peor atención sanitaria».
Según informó el abogado Ricardo Agóiz, letrado de la asociación El Defensor del Paciente en Aragón, que ha llevado el caso, a la fallecida, María F. L., se le implantó un marcapasos en 1992 en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, con una última revisión en consultas externas del hospital de Barbastro el 16 de mayo del 2006. El 13 de julio del año siguiente, a los 76 años, la paciente acudió al centro de Barbastro debido a mareos, sofocos, cansancio, desmayos, desorientación y palpitaciones. La mujer fue ingresada en medicina interna, con insuficiencia cardiaca.
El 17 de julio los médicos informaron a la familia de que el marcapasos que llevaba la paciente no tenía un correcto funcionamiento por lo que era preciso trasladarla urgentemente al hospital Miguel Servet para sustituir la batería o el aparato completo. «Me dijeron que no funcionaba o que la pila estaba agotada. Tenían muy claro que el fallo estaba allí», asegura el hijo de la fallecida. Pese a la urgencia del traslado, este nunca se produjo y, a los seis días del ingreso, la paciente falleció al no soportar un episodio de taquiarritmia. La mujer se encontraba en una habitación sin monitorizar, a pesar de que tenía un problema de corazón.
La familia de la fallecida acudió a la asociación El Defensor del Paciente, que interpuso una reclamación administrativa ante el Gobierno de Aragón el 11 de abril del 2008. En la reclamación se establecieron dos posibles causas de responsabilidad: por no haber realizado el traslado, considerado muy urgente, y por no haber conectado a la enferma a ningún aparato.
«¿Tenemos que irnos directamente a Zaragoza cuando de los síntomas deduzcamos que debemos ingresar a nuestra familia en la capital?», se preguntan sus familiares.